Desechó el Tribunal Electoral todos alegatos de Jesús Ramírez

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• El expediente fue archivado como “asunto total y definitivamente concluido”

• Argumentó que el internet no tiene difusión indiscriminada automática

• Es constitucional la sanción que le aplicaron

 

ALEJANDRO LELO DE LARREA / TERCERA DE CUATRO PARTES

El pasado 10 de julio, apenas cinco días después de que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el caso SUP-REP-109/2019, un “Procedimiento Especial Sancionador” en contra del “Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República”, Jesús Ramírez Cuevas, éste interpuso un recurso de revisión ante la Sala Superior de ése órgano jurisdiccional.

(Ver primera parte)

(Ver segunda parte)

En sus alegatos (técnicamente llamados agravios), divididos en seis temas, Ramírez Cuevas refirió que el video por el cual fue sancionado no tuvo una difusión indiscriminada, porque no considera como tal el impacto de las redes sociales. Y rechazó que fuese propaganda gubernamental el tuit con el que se determinó que violó la veda electoral.

También argumentó la inconstitucionalidad de la condena, porque el artículo en que se fundamentó no prevé una sanción específica, y alegó que la Sala Regional Especializada estuviera facultada para juzgar el hecho, por tratarse de elecciones estatales, y no federales.

Se solicitó entrevista con Jesús Ramírez para que ofreciera su versión al respecto, pero no hubo respuesta. Tampoco en el caso de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, instancia encargada de la defensa del vocero en este caso.

A continuación, uno a uno los principales agravios planteados en el recurso de revisión y la sentencia definitiva de la Sala Superior del TEPJF (de la cual se obtuvo copia), emitida el pasado 25 de septiembre, en la que confirmó la resolución de primera instancia, de la Sala Regional Especializada.

 

Internet no tiene difusión indiscriminada automática

El vocero presidencial argumentó que “la simple colocación de contenido en una página de internet no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación pasivo, es decir, el internet no permite un acceso espontáneo, sino que requiere de diversos mecanismos, lo que impide una difusión automática como ocurre con la radio y televisión —acto volitivo—“

Con ello, puso en duda que con la mera publicación “se logró hacer llegar información gubernamental a un número indeterminado de personas, que podían ser también en alguna medida, electores potenciales, durante la veda electoral”.

Sin embargo, el TEPJF consideró que tales argumentos “resultan infundados, a pesar de la voluntad requerida por las personas para acceder a las publicaciones denunciadas. Para la Sala Superior, ello es un argumento irrelevante, en tanto que, como se precisó, lo trascendente para analizar la infracción constitucional y legal es el hecho de que se difundió propaganda durante una temporalidad prohibida”.

 

Sí fue propaganda gubernamental

La Sala Superior definió con precisión lo que significa el periodo de veda electoral en el cual se difundieron el tuit y el video, y que el artículo 41 Constitucional establece la prohibición para difundir en esta etapa, en los medios de comunicación social, toda propaganda gubernamental.

“Se precisa que las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, dice en la resolución.

También definió que la propaganda gubernamental es aquella “cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos”.

Con estos argumentos, el Tribunal determinó que tanto el tuit como el video sí fueron propaganda gubernamental.

 

El tinte propagandístico del Tuit

Sobre el tuit difundido desde la cuenta oficial del Gobierno de México el 1 de junio, en que se habla del inicio de la transformación de la vida pública del país, en alusión a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, como Presidente de México, el TEPJF resolvió:

“No se trata de genuina propaganda gubernamental, porque su finalidad no fue transmitir algún logro o acción de gobierno en particular.”

Continúa: “Sin embargo, adquiere tal tinte esencialmente porque se difundió en medio del proceso electoral en seis entidades federativas y el resto del territorio nacional, y precisamente porque fue en una red social, a solo un día que se llevara cabo la jornada.”

Establece que los servidores públicos deben tutelar los principios de neutralidad e imparcialidad en el uso de los recursos oficiales que estén bajo su responsabilidad.

“Por lo cual, en el caso, se usó un recurso público virtual… entonces, este tipo de interacción con la ciudadanía en esa vía institucional no se justifica y no es razonable, pues no respetó el periodo de reflexión”.

Y remata: “Por tanto, el tuit en la cuenta @GobiernoMX fue indebido porque puso en riesgo los principios rectores de las elecciones locales que transcurrían”.

 

El video sí tuvo impacto nacional

Sobre el video del 2 de junio, día de la elección, se confirmó que lo difundió el Gobierno de México, Y en él “se dio a conocer a la ciudadanía logros y programas de gobierno porque, claramente, el ‘Inicio de los trabajos de la refinería de Dos Bocas, desde Paraíso, Tabasco’, tiene esas características; quienes hablaron en esa inauguración, enfatizaron que era parte de la implementación del Proyecto de Nación en materia de auto sustentabilidad y seguridad energética del país… lo cual resulta ser propaganda gubernamental”.

Se precisó que el evento se realizó físicamente en Paraíso, Tabasco, donde no había un proceso electoral (hubo comicios en Durango, Tamaulipas, Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo y Aguascalientes).

Sin embargo, por la forma de difusión en YouTube, el sitio donde se llevó a cabo “no es determinante, porque el impacto y trascendencia de comunicación a través del internet amplía enormemente el rango y alcance, por lo que la difusión alcanzó los seis estados con proceso electoral local y el resto del territorio nacional”.

Sigue: “El Coordinador de Comunicación Social no podía ignorar el posible riesgo o efecto colateral que podía tener el uso de las tecnologías de información y comunicación. De ahí que debió implementar las acciones tendentes a cumplir y darle lógica a los límites constitucionales y legales, en esta nueva realidad digital; es decir, no difundir propaganda gubernamental vía canales virtuales institucionales, en veda”.

Advierte que por la manera en que se difundió la “propaganda gubernamental en la cuenta oficial de YouTube del Gobierno de México, como parte de los recursos públicos que dispone para el desempeño de sus actividades, es que la Sala Especializada estimó que la transmisión del video no era razonable ni se encontraba justificada”.

En consecuencia, determinó que el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia de la República “no guardó mesura en el uso de esos recursos públicos virtuales, como canales de información de los que dispone; por tanto, vulneró las disposiciones constitucionales y legales, y trastocó los principios de equidad e imparcialidad, en la medida que es una conducta que pudo afectar el adecuado desarrollo de las contiendas”.

En este tema, los magistrados puntualizaron que Ramírez Cuevas “conocía las limitaciones sobre la transmisión de propaganda en los periodos prohibidos, porque él expidió el Acuerdo donde se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, que obliga a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en los procesos electorales a no difundir propaganda gubernamental”.

 

Vista al superior jerárquico

Ramírez Cuevas solicitó la inaplicación artículo 457 de la Ley Electoral, porque dijo que en éste no existe sanción exactamente aplicable a la supuesta infracción cometida, en contravención de los principios de legalidad y de reserva de ley.

“El recurrente parte de una premisa incorrecta”, porque la norma legal cuestionada… establece que “la consecuencia jurídica es la vista al superior jerárquico por el incumplimiento de obligaciones o prohibiciones del propio sistema electoral, acreditados en los procedimientos administrativos…”

La Sala Superior ratificó la Constitucionalidad del referido artículo, luego de que el vocero solicitó que se pronunciara al respecto.

 

Competencia Federal

Ramírez Cuevas también alegó que por tratarse de comicios estatales, la Sala Regional Especial, órgano federal, no tenía competencia legal para conocer y sancionar la queja interpuesta por el PAN ante el INE el 2 de junio, y que en todo caso correspondía a los órganos electorales estatales.

“…Al momento de existir posibles conductas infractoras de la normatividad en la materia, que tengan un impacto en diversos procesos electorales en curso, como en el presente caso acontece, está justificado que la autoridad administrativa nacional conozca del procedimiento sancionador que sea instaurado”, resolvió la Sala Superior.

El argumento de lo anterior en la sentencia: “Si la posible infracción denunciada tiene repercusión en más de una entidad federativa, la competencia para sustanciar los procedimientos sancionadores se surte a favor de la autoridad administrativa nacional… con la resolución posterior que dicte la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral”.

Con ello, desacreditaron el argumento de Ramírez Cuevas, en el sentido de que los hechos denunciados ocurrieron en la Ciudad de México y en Tabasco. Si se hubiese tratado de propaganda en radio y/o televisión, sí habría sido competencia de los órganos electorales estatales. Pero no fue el caso, concluyó el TEPJF.

 

Sentencia confirmada

Así, el 25 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad la sentencia de la Sala Regional del 5 de junio, y pidió archivar el expediente como “asunto total y definitivamente concluido”.

Los puntos resolutivos en sentencia firme, dicen:

“PRIMERO: El presidente de México no tiene responsabilidad en las conductas.

SEGUNDO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio, en la cuenta del Gobierno de México, en periodo prohibido.

TERCERO: El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República (Jesús Ramírez Cuevas), es responsable de la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta de YouTube del Gobierno de México, en veda.

CUARTO: Se comunica esta sentencia al Presidente de México.”

 

El contexto

En el expediente de la causa SUP-REP-109/2019, del cual se tiene copia, consta que el pasado 2 de junio, día de las elecciones en seis entidades, el PAN presentó una queja ante el INE, porque a través de medios de comunicación del Gobierno de México, Twitter y YouTube, se publicó lo que consideró propaganda gubernamental.

Refieren UN TUIT  y UN VIDEO en YouTube. El 1 de junio, relativo al triunfo electoral que obtuvo Morena en el proceso electoral de 2018. Y el 2 de junio, el inicio de los trabajos para la construcción de la refinería “Dos Bocas”, en Paraíso, Tabasco.

Los días 1 y 2 de junio comprendieron el periodo de reflexión, de veda electoral, porque ese 2 de junio hubo comicios estatales para diputados y alcaldes en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y para gobernador en Baja California y Puebla.

Esa queja del PAN fue resuelta el 5 de julio por parte de la instancia a la cual fue turnada por el INE: la Sala Regional Especializada del TEPJF. En su sentencia, consideró: “Jesús Ramírez Cuevas es responsable de la indebida difusión del Tuit del uno de junio en la cuenta del Gobierno de México, así como por la indebida difusión de propaganda gubernamental el dos de junio, en la cuenta YouTube del Gobierno de México”.

El 10 de julio, la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra Ramírez Cuevas, que fue turnado a la ponencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis (quien por cierto el 8 de agosto de 2018 entregó en mano propia a López Obrador su constancia como presidente electo).

El 25 de septiembre pasado, por unanimidad de seis votos (no asistió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso), la Sala Superior del TEPJF confirmó sentencia impugnada por la Presidencia de la República, con lo cual quedó firme, (definitiva e inatacable) la resolución de primera instancia de la Sala Regional Especializada, en la que ordena al presidente López Obrador lleve a cabo el procedimiento sancionador, en contra de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, por violar la veda electoral.

En sus alegatos, Jesús Ramírez Cuevas, planteó que él no fue autor material del tuit ni del video en cuestión, y que en todo caso debía sancionarse a quien los emitió.

Mañana, el último capítulo de esta historia.

 

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