Condicionar las operaciones financieras también atenta contra la vida privada, la protección de datos personales, y a la intimidad.
Ciudad de México, 29 marzo 2021 (ENRIQUE SERNA / CDMX MAGACÍN).- Luego de el pasado 23 de marzo entró en vigor una disposición que obliga a los usuarios de servicios bancarios remotos a proporcionar la geolocalización de sus dispositivos electrónicos para monitorear sus movimientos y prevenir lavado de dinero, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México externó su preocupación pues consideró que constituye una restricción desproporcionada a los Derechos Humanos.
Mediante un comunicado, el organismo lamentó la medida pues si no se autoriza la localización los clientes de instituciones financieras no pueden abrir y utilizar una cuenta bancaria vía digital.
Condicionar las operaciones financieras también atenta contra la vida privada, la protección de datos personales, y a la intimidad; además que la posesión de datos se amplía sin contar con las ponderaciones debidas respecto a la razonabilidad de poseerlos.
«Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo ha sostenido la constitucionalidad de normas parecidas en el marco de investigaciones penales, con base en una presunción razonable de que existe un peligro para la vida o la integridad de las personas, supuesto que no se configura en este caso», sentencia el texto.
El consentimiento que una persona otorgue para facilitar la recolección de su geolocalización está viciado de origen, sostuvo la CDHCDMX, pues de no proporcionarlo no podrá realizar la operación de su interés. Ello contraviene el contexto actual provocado por la irrupción del coronavirus, ya que el confinamiento favoreció la proliferación de canales digitales para evitar contagios.
«El contexto legislativo y de política pública actual favorece también la tendencia a recopilar la mayor cantidad de datos personales posible, tanto por parte de autoridades como de particulares», apuntó.
El organismo recordó también que recientemente, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado aprobó la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos de los usuarios, que incluye el registro de huella digital, iris, facciones del rostro, tono de voz, y firma.
En consecuencia, el organismo enfatizó la importancia de reafirmar el derecho de toda personas a la protección de sus datos, por lo que el consentimiento debe ser libre e informado y se deben generar las condiciones apropiadas para que tanto Estado y particulares lo respeten a plenitud.
