LÍNEA FIFÍ
Por Martín de J. Takagui
Las bancadas de Morena en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados trabajan a marchas forzadas para lograr convencer a algunos traidores del PRI, del PAN o del PRD que voten a favor de la realización de un período extraordinario de sesiones con el fin aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato presidencial.
Los títeres de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, saben que de no lograrse la ley en cuestión antes de que concluya el presente mes, difícilmente se podría logar en la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre, pues los tiempos legales podrían complicar el proceso y preparativos para que se realice la consulta de democracia participativa el 21 de marzo de 2022.
El presidente Andrés López Obrador ha presionado por todas partes, especialmente a sus bancadas y aliados del Congreso de la Unión para que se lleve a cabo ese proceso que costará mucho más de los 500 millones de pesos que costó la consulta del 1 de agosto pasado en la que participaron poco más de los seis millones de electores, cuando podrían haber acudido a las urnas más de 90 millones de mexicanos.
Y es que de nada servirá, como no sirvió la del 1 de agosto, si se trata de una consulta de revocación de mandato, a menos que participe al menos el 40 por ciento de los mexicanos anotados en la Lista Nominal de Electores.
Aquí lo que el jefe del Ejecutivo Federal busca, más que una consulta que evalúe su desempeño, es elevar cuanto más se pueda su ego, porque él sabe de sobra que la mayoría de quienes acudan a las urnas en este contexto, habrán de votar por que siga gobernando el hombre de Palacio Nacional hasta que concluya su mandato a finales de 2024.
López Obrador lo que busca con esta consulta de revocación de mandato es una ratificación del respaldo del pueblo de México a su persona para que siga gobernando hasta que se cumplan los seis años que marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Una ratificación en las urnas en la que los partidos de oposición no están dispuestos a participar como comparsas, pero lo que sí podrían hacer los morenos, sería que mayoriteen durante los primeros meses de la próxima legislatura la LXV Legislatura que iniciará el 1 de septiembre.
Las condiciones políticas no son propicias en este momento para que se logre la ley de Revocación de Mandato y cuya iniciativa de ley ya la ha enviado el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal, pero difícilmente podrá dictaminarse, pero más difícil es que se logren las dos terceras partes de votos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se convoque a un período extraordinario de sesiones.
No es imposible que se logre este objetivo presidencial, pero de lograrse, tendrá que ser en condiciones legislativas muy cuestionables, con violaciones y cochinadas legislativas, que podrían ser recurridas ante el Poder Judicial, pero ya el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea le demostró que hay jueves, ministros y magistrados que podrían no estar de acuerdo con los abusos legales que el presidente trata de perpetrar.
Está en veremos el proceso de revocación de mandato, pero más que un asunto personal de ego en una supuesta democracia participativa, lo cuestionable de ese intento de ratificación de apoyo hacia AMLO, es el asunto de los dineros.
¿Dónde está la austeridad republicana; cuánto costará este supuesto ejercicio de democracia participativa? Se trata de un asunto de alimentar el ego presidencial que intenta ser ratificado, pero de ninguna manera logrará los 30 millones de votos de apoyo que obtuvo en 2018.
Es un gasto de muchos millones de pesos que podrían estarse utilizando para la salud de los mexicanos que enfrentan las peores condiciones en el mundo, frente a la pandemia del Covid-19.
Sigamos por la Línea Fifí.
