Por si fuera poco, pone a los servidores públicos en un grave dilema: obedecer el Acuerdo y violar la normatividad vigente o contravenir la orden de su superior jerárquico. Lo que el Presidente pide a sus subordinados es violar la ley porque un acuerdo nunca puede estar por encima de la norma jurídica. Foto: Especial.
Ciudad de México, 24 de noviembre 2021 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).- El Acuerdo emitido por el presidente López Obrador en el que “se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, da un golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas además de abrir espacios para los de por sí ya alarmantes niveles de corrupción e impunidad en nuestro país.
Este Acuerdo es a todas luces inconstitucional y viola las leyes que regulan las actividades de todos los sectores de actividad económica a los que hace referencia.
Por si fuera poco, pone a los servidores públicos en un grave dilema: obedecer el Acuerdo y violar la normatividad vigente o contravenir la orden de su superior jerárquico. Lo que el Presidente pide a sus subordinados es violar la ley porque un acuerdo nunca puede estar por encima de la norma jurídica.
A partir de ahora, cualquier autorización requerida para la realización de las obras de infraestructura y cualquier proyecto que se considere prioritario debe ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles. Expirado el plazo, se tendrá como emitida, a pesar de no haber autorización expresa.
El Acuerdo es una muestra más de la arbitrariedad y abuso en el ejercicio del poder y nulifica en los hechos el derecho de amparo y los derechos a la información, a la protección del medio ambiente, a la competencia a través de licitaciones que garanticen la óptima contratación de los recursos públicos por medio de licitaciones, a la defensa de las comunidades potencialmente afectadas, entre otros.
El Presidente de México presume que en su Gobierno existe la convicción de actuar con honestidad, por lo que habrá “cero corrupción y también cero impunidad”. Este Acuerdo pide a los ciudadanos que confiemos en su palabra pero impide que podamos corroborar la forma en que utiliza el dinero de nuestros impuestos bajo el pretexto infundado de que se trata de asuntos de “seguridad nacional”.
Para Ma. Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “el decreto presidencial es uno de los mayores golpes que se han dado al sistema de rendición de cuentas en México, dejando a la sociedad civil sin herramientas para proseguir con la tarea de vigilar los actos de gobierno; la corrupción se combate con más información, no menos”.
En MCCI consideramos que acuerdos de esta naturaleza transgreden la división de poderes, aumentan el ejercicio discrecional del poder e incrementan los niveles de corrupción e impunidad que tanto daño hacen a nuestro país. En consecuencia, hace un llamado a que se retire el Acuerdo y a que el Poder Ejecutivo se conduzca conforme al Estado de derecho.
