Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
En los últimos 10 días, ante la opinión pública y la opinión política, el gobierno de Claudia Sheinbaum perdió la pureza moral que presumía tener.
Primero, el viernes 2 de diciembre, por la represión de sus granaderos (que “no son granaderos”) contra los habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Y el jueves pasado, el golpismo, al conceder ella su aval para ir penalmente contra virtual gobernador del Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Christian Von Roehrich, diputado del PAN.
La Jucopo es el órgano de gobierno del Congreso, y por ello se le puede considerar como una especie de “gobernador”. Ahí se avalan todas las decisiones legislativas, administrativas, políticas del legislativo local, muchas de las cuales ya no tienen que ser ratificadas por el Pleno. Aunque también existe la Presidencia de la Mesa Directiva, es una figura más decorativa, de conducción de las sesiones y representación protocolaria. No tiene mayor injerencia en la gobernación del Congreso.
Si se hiciera un símil con una monarquía parlamentaria, la Mesa Directiva sería como la reina o el rey, y la Jucopo como el jefe de Gobierno o Primer Ministro, quien es el que verdaderamente gobierna. Para destituir a Von Roehric no se utilizó violencia, pero sí las instituciones, en este caso la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX). Por eso se considera un “golpe blando”.
En el caso de la golpiza de los granaderos, aceptando sin conceder lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Sheinbaum no ordenó la acción violenta de los policías, el problema para ella es que no sancionó con la severidad que correspondería a su discurso de respeto absoluto a los derechos humanos y a la libertad de protesta social.
Sheinbaum despidió a funcionarios operativos, de mediano nivel, y no a los que dieron la orden. Perdonó a su secretario de Gobierno, Martí Batres, quien en vez de dialogar solicitó la intervención de los (no) granaderos en Xochimilco; y también al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que además no supervisó directamente un operativo tan delicado para la imagen de pulcritud del gobierno capitalino, hoy manchado como represor.
La jefa de Gobierno sancionó a dos mandos medios, a pesar de que hoy ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la “cadena de mando” (impulsada por el ministro presidente Arturo Zaldívar, amigo y aliado de la 4T), que para fines de un castigo ejemplar debió alcanzar a Batres y a García Harfuch.
El propio presidente López Obrador dijo que la gente “no merece que se les trate así”, y añadió que en caso de ser necesario, se pedirán disculpas a los afectados. Sheinbaum no lo ha hecho.
Para aminorar el regaño presidencial, Sheinbaum le dijo que las protestas en Xochimilco fueron organizadas por los panistas. Así obtuvo su visto bueno para que desde la FGJCDMX, con la ayudadita de un juez de consigna, se diera el “golpe blando” contra quien gobierna el Congreso.
¿Será que ahora la 4T en la CDMX pretende ir contra alguno de los alcaldes de oposición? Si de verdad son creyentes de que “el pueblo no es tonto”, deberían pensárselo más de dos veces, porque sigue creciendo la inconformidad al régimen. Y peor será cuando con tantas inconsistencias en la acusación contra Von Roehrich, éste obtienga un amparo y la Fiscalía termina perdiendo el caso en Tribunales. Lo veremos.
