Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Arturo Zaldívar, el ‘ministro carnal’ de la 4T, aunque nunca ha tenido credencial de algún partido político, ha estado directamente involucrado con el PRI, el PAN y ahora con Morena. Sus inicios en el servicio público precisamente datan de la Ciudad de México: fue coordinador de asesores del priísta José Antonio González Fernández en los tiempos en que éste fue titular de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, durante la administración de Óscar Espinosa Villarreal.
Por supuesto que Zaldívar no debería sentirse nada orgulloso de aquella labor, porque ese trienio, entre 1994 y 1997, ha sido la peor etapa de que se tenga registro de inseguridad en la capital del país.
Zaldívar se hizo socio de un abogado con gran ascendencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Fabián Aguinaco –hijo del ministro presidente, Vicente Aguinaco (1995-98)–, con quien fundó un bufet jurídico al que años más tarde le contratarían el juicio de su vida, en contra del pueblo de México que ahora dice defender.
Zaldívar ya había trabado una relación muy estrecha con quien fue presidente de la Corte después de Aguinaco, el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien le encargó a Zaldívar –en esos días presidente de la Comisión de Amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados–, la elaboración de una nueva Ley de Amparo, proyecto que se convirtió en realidad a principios de los años 2000.
En esos días, Zaldívar fue contratado para litigar en contra del Estado Mexicano, defendiendo a instituciones bancarias y banqueros corruptos, que fueron responsables del quebranto que devino en el Fobaproa y posteriormente en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Aquí surge la gran paradoja: debería el presidente López Obrador hacer tanto reconocimiento público para Zaldívar, a pesar de este caso del IPAB, pues el primero fue el principal denunciante desde 1995 del fraude del siglo, y hasta la fecha sigue criticando que ese quebranto le va a costar a los mexicanos más de 2 billones de pesos y faltan 25 años para que termine de pagarse. Claudia Sheinbaum desprecia también el quebranto bancario.
Zaldívar defendió a los bancos en un juicio de amparo contra el Artículo Quinto transitorio del IPAB, en el que ordenaban realizar nuevas auditorías a Bancomer, Banco Internacional, Banamex y Banorte, porque había cartera vencida por más de 52 mil millones de pesos de lo que llamaban “créditos relacionados”. Estos eran, por ejemplo, que el dueño de un banco le prestaba dinero al de otro banco y viceversa, o a sus propias empresas. Zaldívar cobró 11 millones de dólares por llevar ese proceso de amparo, para el cual se separó –o simularon una separación– de su entonces socio, Fabián Aguinaco, para evitar el conflicto de interés. En 2003, Zaldívar ganó ese amparo en definitiva contra el IPAB, por lo que el Estado Mexicano absorbió esos 52 mil millones de pesos.
En el sexenio de Felipe Calderón, Zaldívar se volvió filopanista. Era amigo del mandatario porque había sido su maestro y también de Margarita Zavala en la Escuela Libre de Derecho. Por ello Calderón lo propuso hizo ministro de la Corte en 2009.
Ya en este sexenio Zaldívar se volvió morenista. Como presidente de la Corte la puso al servicio de López Obrador, y apenas el martes renunció a ser ministro para trabajar con Sheinbaum y “transformar a México” en beneficio del pueblo, lo que nunca pasó por su mente cuando le ganó al Estado un juicio que le hizo pagar 52 mil millones de pesos por el rescate a bancos y banqueros corruptos.
