CIUDAD DE MÉXICO 10 octubre, (CDMXMAGACÍN). –En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la diputada de Movimiento Ciudadano Luisa Ledesma presentó una iniciativa que propone la abrogación de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal promulgada en 2011.
Asimismo, dar paso a una nueva Ley de Salud Mental alineada con los estándares internacionales y las nuevas realidades en salud pública.
Ledesma Alpízar expuso, la urgencia de actualizar el marco legal en materia de salud mental para responder a los crecientes problemas que enfrenta la población, especialmente tras la pandemia.
Y es que, según estudios recientes, entre el 20% y el 70% de la población mundial sufre de depresión o ansiedad, siendo los grupos más afectados las mujeres, jóvenes, personas de bajos recursos y los trabajadores de la salud.
Subrayó que, en países como Chile, Brasil y Perú, más del 50% de las personas reportaron un empeoramiento en su salud mental desde el inicio de la pandemia.
“Es necesario repensar cómo abordamos la salud mental en nuestra ciudad, no solo como una cuestión de atención a enfermedades, sino como una estrategia integral para proteger los derechos humanos y fomentar una sociedad más productiva y equitativa,” afirmó.
Citó que, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explicó que los servicios de salud mental no solo mejoran el bienestar individual, sino que generan un alto rendimiento económico al fomentar la productividad y crear sociedades más saludables y resilientes.
Asimismo, la propuesta está alineada con el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que México se comprometió a reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y promover el bienestar mental para todas las personas.
Por lo anterior, la nueva Ley de Salud Mental en la CDMX busca los siguiente:
Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidades psicosociales e intelectuales, con especial énfasis en la detección oportuna para prevenir violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida.
Atención prioritaria a personas que hayan intentado suicidarse y a su círculo cercano.
Implementación de primeros auxilios psicológicos en escuelas y alcaldías, como una estrategia de intervención inmediata recomendada por la ONU.
Eliminación de barreras para que personas con discapacidades psicosociales puedan acceder a los servicios de salud mental.
Derecho a una segunda opinión médica, garantizando un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.
Evaluaciones anuales de salud mental en el sistema educativo, abarcando estudiantes, personal docente y administrativo.
Remarcó, que la ley contempla la eliminación de nuevos hospitales psiquiátricos y la transformación de los actuales en centros ambulatorios u hospitales generales.
“La salud mental no debe ser un tema aislado o estigmatizado; debemos integrarla en las comunidades, con atención personalizada y cercana a la vida cotidiana de las personas,” señaló la diputada.
