CIUDAD DE MÉXICO 09 DE NOVIEMBRE (CDMX MAGACIN). –Diputados locales aprobaron el dictamen en materia de extorsión, propuestas por la diputada Tania Larios (PRI), la jefa de Gobierno, Clara Brugada y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Ale Rojo para derogar diversas disposiciones del Código Penal local.
Al respecto, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), mencionó que, durante el lapso de análisis del dictamen, se recibieron observaciones para enriquecer el instrumento legislativo, mismas que fueron consideradas para su construcción. Afirmó que las modificaciones propuestas al Código Penal local buscan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía para garantizar la seguridad de sus bienes y su integridad.
La diputada Elizabeth Mateos (MORENA) señaló que este dictamen es relevante al abordar tres temas fundamentales: la cobranza ilegítima, el cobro de piso y los fraudes tecnológicos, por lo que “representa un paso firme hacia la seguridad y la justicia que merecen las y los capitalinos”.
Reconoció el compromiso y la visión de la jefa de Gobierno, al presentar esta iniciativa que refuerza la lucha contra la extorsión, responde a un problema estructural y demuestra que su Gobierno cumple los compromisos en materia de seguridad con la ciudadanía.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero (PT) consideró que este dictamen aborda varios delitos que laceran a la sociedad, y permitirá su combate a través del marco normativo, al hacerlo más sólido. Asimismo, pidió corregir detalles del documento para poner correctamente “la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc”.
Por su parte, el diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) afirmó que convertir la extorsión en un delito grave en la capital.
“Es sin duda de gran importancia, ya que se protegerá a la ciudadanía, pues ese delito acarrea consecuencias devastadoras para las víctimas; pero además impacta de manera directa a la economía al desalentar la inversión en la capital y, porque, además, este proyecto de decreto fortalece la justicia al convertir la extorsión en un delito prioritario”.
En su intervención, la diputada Olivia Garza (PAN) afirmó estar a favor de las reformas que comprende el dictamen, ya que tienen como propósito asegurar que la ciudadanía no sea víctima del delito de extorsión en todas sus formas, el cual afecta directamente a la seguridad de las y los capitalinos.
La diputada Tania Larios reconoció el trabajo y compromiso del presidente de la comisión, que logró un dictamen amplio e incluyente, que reúne propuestas con diversas ópticas, pero un mismo fin, que es combatir delitos que atentan contra la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia de las personas, y permitirá que la extorsión se persiga de oficio y sea considerada un delito de alto impacto, ya que genera una “atmósfera de terror”.
La iniciativa de la legisladora Larios Pérez señala que “el cobro de piso se ha convertido en una epidemia que afecta la economía, seguridad y vida de personas en todo el país; y este delito generalmente queda impune por la falta de denuncias y mecanismos eficaces para su persecución y punibilidad”.
Además, el fraude telefónico, la extorsión y el robo de identidad, así como otros delitos cometidos a través de medios digitales e informáticos, se han incrementado de manera alarmante en los últimos años. Estos delitos no sólo vulneran la seguridad financiera de las personas y empresas, sino que también afectan gravemente la confianza en el sistema bancario, la privacidad y los derechos fundamentales de las víctimas, indica la iniciativa de la alcaldesa de Cuauhtémoc.
Por su parte, la iniciativa de Brugada establece que las múltiples maneras en que se comete el delito de extorsión, su impacto en la dignidad, vida e integridad física y psicológica de las personas, y el derecho a vivir en un entorno libre de violencia, requieren replantear la forma de entender y enfrentar esta práctica ilegal para abatirla de manera integral, y así garantizar la plena eficacia del derecho humano a la integridad personal en todas sus dimensiones.
Las iniciativas coinciden en que el delito de extorsión, además de afectar los bienes materiales de las personas, también implica un atentado directo a su tranquilidad, al colocarlas en un estado de desequilibrio físico y psicológico, que no termina al momento de satisfacer las demandas de quien perpetra el delito.
Por lo anterior, se propone reformar la normativa jurídica con el propósito de disminuir los índices de conductas delictivas bajo la modalidad de fraude o extorsión, para lo que la comisión dictaminadora aprobó reformar el artículo 253; adicionar los artículos 148 quater, 148 quinquies y 163; y derogar los artículos 209 y 236 del Código Penal.
