CIUDAD DE MÈXICO 11 DE MAYO (CDMX MAGACIN).-Con el objetivo de dotar de certeza jurídica a la firma electrónica, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso aprobó el dictamen a la iniciativa para adicionar una fracción XVII Ter al artículo 4 de la Ley Orgánica, así como la fracción XVII Ter al artículo 2 del Reglamento, ambos ordenamientos de este órgano legislativo.
La comisión presidida por el diputado de Morena Víctor Hugo Lobo pondrá a consideración del pleno del Congreso local el dictamen para adicionar las fracciones XVII Quáter y XVII Quinquies al artículo 4 de la Ley Orgánica; y adicionar las fracciones XVII Quáter y XVII Quinquies al artículo 2, y reformar los artículos 45 y 278 del Reglamento del Congreso capitalino.
Al presentar una reserva, el diputado del PRD, Pablo Trejo propuso precisar claramente la definición de la firma digital electrónica.
La iniciativa del diputado morenista Miguel Ángel Macedo plantea que implementar la firma digital en los trámites administrativos permite optimizar tiempos, reducir costos, garantizar la seguridad y autenticidad de los documentos, para brindar un servicio más eficiente y confiable a las instituciones y a los usuarios.
Se asegura que con la creciente digitalización de los servicios públicos y privados, existe la necesidad de implementar este mecanismo en todas las instituciones, “es crucial para asegurar un sistema moderno, eficiente y seguro en la gestión de trámites”.
Se plantea que las principales problemáticas asociadas a la falta de la implementación de la firma electrónica se relacionan con la ineficiencia y vulnerabilidad en la gestión de documentos administrativos.
“Pese a lo anterior en la actualidad muchos trámites administrativos en instituciones públicas y privadas requieren la firma manuscrita de documentos para validar autorizaciones o, en el caso de este Congreso, acuerdos, instrumentos legislativos, actos administrativos y/o de autoridad”, indica el documento.
Lobo Rodríguez expresó que el proceso tradicional presenta problemas como la lentitud en la gestión, alto costo operativo, riesgo de falsificación o fraude, ya que al depender de documentos físicos, es difícil llevar un control eficiente sobre el estado de cada trámite, lo cual provoca pérdidas de documentos, demoras en la respuesta y dificultades en el seguimiento adecuado de solicitudes.
