CIUDAD DE MÉXICO 26 DE MAYO (CDMX MAGACIN ).– Durante la décima octava sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina presentó la resolución del recurso de revisión 1260/2025, relativo a una solicitud de información sobre los protocolos de actuación en el uso de la fuerza por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.
El recurso se originó a partir de una solicitud en la que una persona requirió saber si los protocolos sobre uso de la fuerza habían sido actualizados, dónde podían consultarse y, en caso de no haber sido modificados, conocer el motivo y la versión más reciente disponible. También se solicitó información sobre las competencias legales de las instituciones en esta materia. En respuesta, la SSC proporcionó el vínculo al Protocolo General de Actuación Policial, fundamentos normativos y orientación hacia otras dependencias como la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial.
La ponencia de la Comisionada Nava determinó que la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana requería mayor precisión en torno a la actualización de los protocolos solicitados y las atribuciones legales relacionadas. Por ello, propuso al Pleno la emisión de una resolución que permitiera ampliar y clarificar la información proporcionada, en beneficio del derecho de acceso a la información y sin perjuicio de las funciones sustantivas de la dependencia.
Además, se le instruyó a asumir su competencia parcial en el uso de la fuerza, y a turnar la solicitud a la Policía Auxiliar y a la Policía Bancaria e Industrial, proporcionando el folio correspondiente a la persona solicitante. Todo ello en un plazo no mayor a diez días hábiles.
La Comisionada Nava destacó que el tema del uso de la fuerza por parte de autoridades de seguridad pública ha sido objeto de amplio debate en las últimas dos décadas, debido al incremento de la violencia asociada a actividades delictivas y a la participación creciente de cuerpos armados en tareas de seguridad. Enfatizó que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza —vigente desde 2019— debe ser un marco legal sólido, pero también sujeto a escrutinio, actualización y evaluación continua.
Asimismo, señaló la importancia de la transparencia como herramienta para mejorar la actuación institucional. Citó el estudio “Monitor Fuerza Letal”, publicado en 2022, en el que se documenta que tan solo en 2020, agentes de seguridad pública federal en México causaron la muerte por disparo de arma de fuego a 495 civiles, mientras que agentes locales fueron responsables de 223 muertes. Estos datos, insistió, deben ser entendidos más allá de las cifras: “las personas que perdieron la vida no son solo estadísticas”.
En contraste, presentó el caso de la policía de la Ciudad de Nueva York como una buena práctica internacional en materia de transparencia, ya que desde 2007 publican reportes anuales detallados sobre su política de uso de la fuerza, estadísticas, niveles de intervención y datos demográficos, con el fin de evaluar y reformar sus prácticas.
Finalmente, la Comisionada Nava reiteró que construir paz y garantizar la seguridad en una sociedad democrática requiere un compromiso institucional con la rendición de cuentas, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. “Contribuyamos a una sociedad más civilizada regulando, vigilando y limitando el uso de la fuerza. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.
