Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Para cualquiera, aplicando tantito sentido común, es una aberración que en la elección judicial en la Ciudad de México la participación oficialmente haya sido de un millón 175 mil 407 ciudadanos, pero existen 4 millones 668 mil 949 votos nulos.
Es decir, tres veces más sufragios inválidos que el número de personas que acudieron a las urnas el 1 de junio. A pesar de que hay una explicación técnica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), esta situación no abona a la credibilidad, a la certidumbre del resultado, ante un proceso electoral tan criticado por la oposición en México, por académicos y hasta por el grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).
No es culpa del IECM, aunque también el sentido común diría que son los responsables, porque es el organismo al que le toca contar los votos, hacer las estadísticas y su Pleno dictaminar la validez. En realidad, a los consejeros les tocó dar la cara y pagar las deficiencias de la legislación para este proceso electoral judicial.
Una insuficiencia legal grave es cómo se consideran los votos inválidos. Todo proceso electoral previamente tiene una incertidumbre sobre el resultado. Esa es la esencia democrática. Pero de manera posterior a las votaciones tiene que haber una certidumbre absoluta sobre el resultad para que quienes resulten ganadores gocen de plena legalidad y legitimidad para ejercer su cargo público.
En este caso, el problema es del legislador, de quien hizo el marco jurídico mediante el cual se organizó la elección judicial. En esa norma se estableció, por ejemplo, que para el caso de las candidaturas al Tribunal de Disciplina Judicial había cinco cargos en disputa. En los casos en que se marcó más de un recuadro por grupo de candidaturas o se dejó en blanco, se consideraron cinco votos nulos de toda la boleta. Lo mismo para el caso de los candidatos a magistrados, donde pudo haber hasta tres votos invalidados, y en jueces hasta nueve.
Un solo votante pudo haber generado hasta 17 sufragios nulos, lo que significa que esta elección con un millón 175 mil participantes potencialmente podía haber alcanzado cerca de 20 millones de votos inválidos. Francamente, un absurdo, contra todo sentido común.
Esto le restó legitimidad al proceso que de por sí ya arrastraba cuestionamientos importantes, como la baja participación electoral, pese a que en la CDMX es donde menos abstencionismo hubo: asistió a las urnas el 14.7% de las 7 millones 973 mil 519 personas que conforman la lista nominal.
Muy lejos del 40% de participación electoral que exige la Constitución para que una consulta de revocación de mandato sea vinculatoria, que sea obligatorio cumplir su resultado. Este porcentaje lo estableció en 2019 el presidente López Obrador en su iniciativa al respecto, que fue aprobada.
También distante de las 5 millones 564 mil personas que acudieron a las urnas en 2024, una participación electoral del 69.5% de la lista nominal. El total de votantes este año representa apenas el 40.6% de los 2 millones 888 mil votos que obtuvo Clara Brugada para ganar el año pasado, y poco más que la mitad que logró el segundo lugar, Santiago Taboada, 2 millones 161 sufragios.
La aberración de los votos nulos deberá corregirla el Legislativo si es que quiere darle mayor certidumbre y legitimidad al siguiente proceso electoral de jueces y magistrados, que será convergente con la intermedia de 2027. Lo veremos.
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