Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Si para resolver el conflicto en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) se necesita la renuncia de su presidente, Rafael Guerra Álvarez, los Poderes Legislativo y Ejecutivo deberían valorar si promueven su destitución. Sólo le quedan seis meses para que concluya su presidencia, aunque otros dirán: ¡Todavía le quedan seis meses!
Guerra Álvarez asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX el 1 de enero de 2019 para un primer periodo, tras ser electo en noviembre de 2018, en el ocaso del sexenio de Miguel Mancera. Su primer trienio terminó en 2022, y con el respaldo político de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue reelecto.
Rafael Guerra ha seguido el mal ejemplo del guerrerense Édgar Elías Azar, el primer presidente en la historia del TSJ que se reelige. Fue designado en 2008 con el apoyo político de Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno, quien lo volvió a apoyar para que en 2011 modificara la normatividad y se reeligiera en el cargo. En 2014, asumió para su tercer periodo, de la mano de Mancera.
Con ese precedente, pues ni modo que alguien se opusiera a una reelección de Rafael Guerra, a pesar de que su gestión ha sido catalogada por legisladores peor que la del guerrerense, que ya es mucho decir.
Los problemas de Guerra Álvarez con los trabajadores iniciaron casi a la par que su presidencia. Siempre ha desatendido sus demandas y necesidades: pagos atrasados, aguinaldos incompletos, vales, bonos, horas extra, vacaciones, vales, prestaciones. Creyó que podía controlar todo con las viejas mañas: tener comprado al jefe del Sindicato más numeroso. Ese distanciamiento con los trabajadores reventó y le armaron un paro de labores que ya cumple 19 días, y desde este lunes se convirtió ya en un plantón, en respuesta al llamado de Guerra de reiniciar labores.
El todavía magistrado presidente no tiene mucha autoridad moral para defender su gestión. Le generó un enorme desgaste que, de manera oficiosa, salió a defender la reforma judicial de la 4T, a pesar de que más del 90% en el PJCDMX la rechazaban. Ahí cometió un doble error, uno más grave que otro, porque evidenció que con absoluto descaro puede ser juez y parte: impulsaba esa reforma y al mismo tiempo hacía campaña para ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay muchos temas con los que desde el GCDMX y el Congreso CDMX le podrían apretar a Guerra para que renuncie y ello permita resolver el conflicto en el PJ. Los dineros: hace unos meses los diputados de la 4T Pablo Trejo y Alejandro Carbajal le exigieron explicar los criterios de asignación presupuestal, así como el destino que tuvieron 760 millones de pesos que adeuda el TSJ. Nunca respondió. Otros legisladores afirman que Guerra no soportaría ni una auditoría blandita al TSJ.
Pero Guerra siempre ha dicho que durante su gestión ha demostrado un compromiso total con la legalidad, combate a la corrupción y la impunidad, con mejoras importantes en el PJ.
Otros pasivos que carga Guerra son ante movimientos feministas y grupos sociales. Le atribuyen que no ha permitido acceso a la verdadera justicia y que ha sido omiso ante la revictimización de mujeres arbitrariedades de jueces y magistrados en casos muy delicados de acoso, abuso y violación sexual. También me afirman que le pueden apretar con las indagatorias de corrupción, tráfico de influencia y nepotismo, para que presente su renuncia y ello pueda resolver el conflicto. ¿Se atreverán? Lo veremos.
