Para Contar
Arturo Zárate Vite
La actual Corte encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández no anularía la elección de juzgadores porque no tendría pruebas para hacerlo.
Además, sólo podría intentar tirar la elección de las dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y también la elección de las 15 magistraturas de salas regionales del mismo tribunal.
Aunque en el caso de las 15 magistraturas, habría dudas si podría intervenir porque existe el precedente del caso de Elia Yadira Espíndola (Juicio TEV-JDC-592-2022) en el que la Corte determinó que no es su función revisar candidaturas de salas regionales.
De cualquier manera, ya hemos visto como se las gasta la ministra Piña y su Corte, podrían descubrir que pueden intervenir.
Revisarían impugnaciones en los casos que se mencionan porque el tribunal no puede ser juez y parte.
Donde no podrían meterse es con la elección de nueve ministros y ministras, las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las 464 magistraturas de circuito y los 386 juzgadores de Distrito. Aquí la última palabra la tiene el tribunal electoral, como lo señala la Constitución.
Sería riesgoso para ella salir con otra trastada, como se ha comportado desde que el poder legislativo estuvo en condiciones de realizar la reforma del poder judicial.
No es casual que se diga que la ministra tiene planes de irse a vivir fuera del país, una vez que concluya en agosto su periodo.
¿Por qué estaría pensando en irse de México?
Muy probablemente porque sabe que se ha excedido en su ejercicio como juzgadora al pretender descarrilar, sin éxito, la reforma judicial, con la que nunca estuvo de acuerdo.
La misma ministra participó en manifestaciones o marchas contra la reforma, sus declaraciones han sido contrarias e intentó dentro de sus atribuciones bloquearla en la Corte. No lo consiguió porque en el último momento le faltaron votos de sus compañeros ministros y ministras.
Piña ha tenido el control de todo el poder judicial por ser la presidenta de la SCJN, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y como tal responsable del presupuesto de la institución.
De haber faltantes o desvíos en el presupuesto, estaría obligada a rendir cuentas y aclarar irregularidades.
Jamás aceptó ganar menos que el presidente de la República, a pesar del mandato constitucional.
Su situación se ha vuelto compleja y pudiera atreverse a tratar de enmarañar el futuro del poder judicial.
Si la ministra decidiera hacer un último intento para trastocar la renovación, podría provocar cierto caos y confusión. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguiría funcionando con su actual composición mientras se resuelve lo que se haría con la elección de 17 magistraturas, si es que consiguiera la Corte anularlas.
¿Hay pruebas para hacerlo?
Quienes se opusieron a la reforma judicial desde su origen y cuestionan la elección, dirían que sí.
Argumentarían lo que encontraron cinco consejeros del INE (minoría) sobre coincidencia del 80 % del contenido de acordeones con resultados, irregularidades en 818 casillas.
Lo que no dicen es que esas 818 casillas con irregularidades no llegan ni al 1 % de las 837 mil 78 que se instalaron.
En otras palabras, ese porcentaje no sería determinante para los resultados de la elección.
Sobre los acordeones lo que se omite es la diferencia de votos entre un candidato y otro. Si todos los electores hubieran votado igual, entonces los ganadores deberían tener el mismo número de votos.
De lo que poco o nada hablan ni hablarán los comentócratas es de la corrupción en el actual poder judicial.
Nadie de la oposición ha hecho propuestas para sanearlo, dejaron que se pudriera, sobre todo en materia penal.
Lo que hay hasta la fecha sobre el proceso es que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya validó las elecciones y entregó constancias de mayoría.
Nada más falta que la Corte y la sala superior del Tribunal Electoral resuelvan las impugnaciones presentadas por organizaciones civiles, partidos y perdedores inconformes.
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