Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
En junio 2022, el Congreso de la Ciudad de México tipificó el delito coloquialmente conocido como “montachoques” como extorsión vial, y en diciembre pasado elevó las penas de 10 a 15 años de prisión, con lo que no alcanzarían libertad bajo caución… si es que fueran juzgados.
Ese es el problema, pues a pesar del endurecimiento de la legislación, en los últimos días en redes sociales siguen aumentando las denuncias por esta modalidad de extorsión de “montachoques”. La misma información tiene la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS): el ilícito crece, a pesar de los discursos oficiales de que bajan los índices delictivos en la capital.
No hay cifras precisas, pero lo anterior da una perspectiva clara de que ha aumentado este ilícito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tampoco tiene estadísticas para registrar este delito, porque la mayoría de los casos lo catalogan meramente como extorsión, sin el detalle de vial. Por eso sólo se puede hablar de 30 denuncias cada año, entre 2023 y 2024.
Una institución muy confiable es el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia que reporta prácticamente el 90% de cifra negra en este ilícito. O sea, hablaríamos de unas 300 al año. Sin embargo, para el número de denuncias públicas en redes sociales y siniestros de las aseguradoras en que se menciona este ilícito, podría ser que mayor la cifra negra.
El modus operandi de los ‘montachoques’ no sólo incluye la extorsión agravada; también asociación delictuosa, porque siempre va más de uno en el vehículo que provoca de manera intencional un accidente, para luego exigirle al conductor del otro involucrado que en ese momento le pague, en efectivo, y exigen bajo amenazas una cantidad muy superior al valor del daño. Eligen a sus víctimas: vehículos con placas extranjeras o de otras entidades del país.
Si la víctima no cede, empiezan a presionar que tienen contactos en la policía y luego hasta llegan otras personas, que supuestamente son testigos o autoridades. Sabedores que tienen la culpa, también hostigan al extorsionado para que desista hablar al seguro, porque el ajustador va a determinar la responsabilidad de los ‘montachoques’ y exigirá el pago.
De nada sirven los 15 años de prisión que prevé la Ley, porque no se tiene registro estadístico de cuántas sentencias de culpabilidad han emitido sus juzgadores por este ilícito.
Lo anterior, a pesar de que en diversos momentos, tanto en la actual administración de Clara Brugada como sus dos antecesores, anunciaron detenciones relevantes. Dizque van alrededor de 20 personas en lo que va del año, incluidos supuestos líderes de células delictivas, como el caso de “Los 300”. ¿Qué pasó con ellos? ¿Les tocó proceso penal o puerta giratoria? No se sabe.
Un mes después de iniciada su gestión como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján conformó la Fiscalía Especializada en el Combate a la Extorsión, con dos áreas de específicas: contra el derecho de piso y contra la extorsión telefónica. No incluyó ‘montachoques’. De cualquier manera, tampoco hay datos precisos del resultado de esta Fiscalía
Bien que el Congreso de la Ciudad de México haga su chamba de tipificar como delito la extorsión vial, elevar su pena para que los responsables no salgan bajo fianza. Pero de nada sirve si no los detienen o les toca puerta giratoria. El panorama es que nada cambie. Lo veremos.
