CDMX MAGACÍN
En tiempos en donde rentar en la Ciudad de México parece un privilegio más que un derecho, fijar límites a los aumentos es una necesidad improrrogable, aseguró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la capital del país, diputado Jesús Sesma Suárez.
El también Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del poder legislativo local, señaló que el fenómeno de la gentrificación no es nuevo, pero en los últimos años ha tomado una velocidad alarmante, alimentado por el turismo, las rentas temporales tipo Airbnb y la llegada masiva de nómadas digitales con ingresos extranjeros, “lo que provocó que el mercado inmobiliario se distorsionara, beneficiando a unos cuantos y condenando a muchos”.
“Aunque ya se han presentado iniciativas para ponerle un alto al aumento excesivo en las rentas, como la que impulsó el gobierno capitalino en la administración pasada, los esfuerzos siguen sin resolver el problema de fondo. Esa iniciativa permitió reformar el Código Civil y la Ley de Vivienda para que los incrementos no superaran la inflación anual establecida por el Banco de México y crear un registro digital obligatorio de contratos. Pero, en la práctica, muchos inquilinos siguen enfrentando aumentos injustificados. Las leyes ya cambiaron, pero falta que esos cambios se reflejen en la vida diaria de quienes rentan la vivienda”, destacó el legislador del la bancada ambientalista del Congreso de la CDMX.
Detalló que de acuerdo con datos proporcionados en Propiedades.com, al primer semestre de 2025, el precio promedio de renta en la capital era de 16 mil 133 pesos mensuales, con aumentos anuales de hasta 19 por ciento. En colonias como Roma Norte, Condesa o Del Valle, rentar un departamento de dos recámaras puede costar más de 25 mil pesos, mientras que el ingreso mensual promedio ronda apenas entre los 10 mil y 11 mil pesos, “con base en estos datos del Imco y el Inegi, pagar la renta es casi imposible para buena parte de la población”.
“Las cifras hablan, pero lo que conmueve son las historias. Familias que durante años vivieron en barrios como Narvarte, Escandón, Portales o Santa María la Ribera, han tenido que migrar a zonas periféricas o municipios conurbados del Estado de México, no por decisión, sino por necesidad. Rentas que hace apenas cinco años costaban 12 mil pesos hoy rozan los 22 mil. En algunos casos han aumentado casi al doble. Esta expulsión progresiva por motivos económicos no es otra cosa que desplazamiento forzado urbano”, lamentó el congresista Sesma Suárez.
Por lo anterior, celebró el Bando 1 que en días pasados presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que busca hacer de la CDMX una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local, mediante 14 medidas para frenar el alza de rentas, evitar desalojos y garantizar el derecho a la ciudad, y entre las que destaca el estabilizar las rentas, regular plataformas como Airbnb, crear una Defensoría de Derechos Inquilinarios, impulsar una Ley de Rentas Justas, construir vivienda pública en zonas céntricas y generar programas de renta social para grupos prioritarios. También se contemplan consultas vecinales, protección del patrimonio cultural, estímulos al comercio local y un Observatorio de Vivienda para monitorear precios y contratos.
En ese contexto el diputado local, Jesús Sesma Suárez, refrendó el compromiso de la bancada ecologista del Congreso de la capital del país con el gobierno local y la ciudadanía, así como el impulso de políticas públicas que equilibren la inversión privada con el bienestar social y con ello abatir el fenómeno de gentrificación que está afectando el derecho a la vivienda de las personas que habitan en la capital del país .
