Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Ahora que diputados de Morena anunciaron la creación de una comisión especial para investigar al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, sobre cómo se erogaron los recursos del Presupuesto de Egresos 2018 destinados a la reconstrucción por el terremoto de 2017, si concluyen que cometió algún ilícito van a establecer un terrible precedente que en el futuro se les podría revertir.
Parece claro que crear esta comisión es sólo para hacer ruido, como parte de una estrategia mediática de contención de daños, una cortina de humo para ver si con eso logran distraer un poco de los escándalos, uno tras otro, de figuras de la llamada “4T”, como los delitos del policía cercano al ex secretario de Gobernación, Adán López Hernández. O las exhibidas de vida ostentosa del secretario de Educación, Mario Delgado; del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, o del secretario de elecciones del partido, Andy López.
Lo que parece evidente es que en la vía legal no van a encontrar fundamento para sancionar a Romero por el ejercicio del gasto en 2018, porque no era su atribución. Los legisladores son responsables de la aprobación de todo el paquete económico, Código Fiscal CDMX, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, pero no de su ejecución.
Precisamente son las Alcaldías –antes Jefaturas Delegacionales– y el Gobierno de la Ciudad de México o cualesquier otra de las instancias u organismos independientes las que deben responder cómo gastaron el dinero.
Para vigilar el ejercicio del gasto público, el Congreso dispone de la Auditoría Superior de la CDMX, que tiene atribuciones de investigación, para emitir sanciones administrativas y de presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público de la capital.
La comisión especial que pretenden crear puede coadyuvar. Sin embargo, la historia nos dice que este tipo de grupos de trabajo son en realidad para hacer ruido político y mediático. En sus tiempos, el dictador Porfirio Díaz solía ordenarle al Legislativo la creación de comisiones especiales para los asuntos que no quería resolver.
Para el tema de la aprobación de los recursos para la reconstrucción en la séptima y última Legislatura de la ALDF se estableció en el Presupuesto de Egresos que éste debería ser autorizado por la Comisión de Gobierno, que encabezaba Leonel Luna (qepd), y en la que también figuraban el propio Romero y Mauricio Toledo, prófugo de la justicia en Chile. La firma conjunta de los tres era necesaria.
Sin embargo, a ellos ya no les tocaba ejercer el Presupuesto. Como Morena, que coordinaba César Cravioto se negó a participar en la Comisión de Gobierno, gestionaban los recursos para sus Jefaturas Delegacionales vía la diputada Aleida Alavez, quien llegó en 2015 a la ALDF como candidata del PRD y después se pasó a Morena.
De haber alguna ilegalidad con el ejercicio de los recursos para la reconstrucción, en todo caso podría haber ocurrido con “moches”, como los que se evidenciaron en los tiempos beltronistas en el Congreso de la Unión, pero nunca hubo sancionados ni es lo que ahora pretenden indagar.
Lo que parece impensable es que los actuales legisladores del Congreso capitalino determinen que Romero incurrió en delitos por el ejercicio del dinero para la reconstrucción, cuando él no fue responsable de ejercerlo. Sancionarlo sería abrir la puerta para que los mismos diputados de hoy sean investigados y sancionados en el futuro, aunque no ejerzan recursos públicos. Todo apunta que esa comisión especial hará poco ruido y menos nueces. Lo veremos.
