Óscar V. Machado / CDMX Magacín
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México rindieron ayer protesta 98 jueces, 34 magistrados y 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pero ahora no saben ni dónde están sus oficinas, ni cuentan con un equipo técnico ni humano para la enorme tarea de impartir justicia.
De entrada, Germán Pérez Fernández del Castillo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cuestiona sobre este nuevo Poder Judicial de la Ciudad de México: “La mayoría de ellos nunca ha sido juez, por lo que tendrán una curva de aprendizaje que durará meses o años para entender perfectamente cómo funciona un juzgado, cómo se sortean los asuntos, cómo se van distribuyendo las cargas, cómo van a resolver los asuntos y con qué criterios jurídicos”.
En lugar de consolidar el Estado de derecho, con este nuevo Poder Judicial capitalino, la impartición de justicia es como una moneda al aire, llena de incertidumbre, asevera.
Con este nuevo Poder Judicial están en juego los intereses de la sociedad civil, sean individuales o corporativos, mercantiles o penales, son asuntos que se tienen que resolver, porque en función de eso funcionan las instituciones que tienen que impartir justicia, apunta el investigador que cuenta con un doctorado en Filosofía Política por la Universidad de Frankfurt.
“Todos los días se producen centenas o miles de juicios familiares, mercantiles, penales. Por ejemplo, hay innumerables litigios de una empresa contra otra empresa o contra el Estado, contra proveedores, que se tienen que resolver porque si no se paraliza la economía, y eso hoy lo tendrán que resolver estos nuevos jueces que ganaron el nombramiento a través de este proceso semidemocrático, muy difícil el escenario”, advierte.
Explica que el Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo de la Judicatura, es el que asignará los espacios y los recursos técnicos y humanos, por lo que los jueces y magistrados todavía no tienen ni una oficina. “Hoy se empieza a echar toda la maquinaria para adelante y veremos qué pasa”.
Por la inexperiencia de muchos de estos nuevos juzgadores, el papel que tendrá el secretario de juzgado será fundamental, ya que ellos son los que preparan el proyecto de sentencia, “pero tengo entendido que también muchos de ellos renunciaron por no estar de acuerdo con la reforma judicial, por lo que el Tribunal Judicial tendrá que reglamentar cómo se nombrarán nuevos y cómo se asignarán”, expone.
Al señalar que los jueces que conoce tardaron de 15 a 18 años para llegar a ese cargo, el también integrante del Sistema Nacional de Investigadores advierte que muchos de los nuevos juzgadores no cuentan con experiencia ni conocimiento jurídico, como sentencias ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, laudos, entre otros aspectos.
“Es previsible que en estos primeros meses se conformen muchas sentencias mal fundamentadas, que van a hacer impugnadas y entonces se van a ir a una instancia superior como al Tribunal Unitario de Distrito, Colegiado de Distrito, e incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que los asuntos pendientes podrían crecer y esa gran expectativa de una mejor impartición de justicia no se concretará”.
Para finalizar, el investigador de la UNAM asevera que para hacer una evaluación del papel de estos nuevos juzgadores se debe dar un plazo de un año y medio a dos años, “así podremos determinar si esta reforma judicial sirvió y cumplió o no con las expectativas”.
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