CIUDAD DE MÉXICO 10 DE SEPTIEMBRE (CDMX MAGACIN).-La diputada del PAN, Laura Álvarez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, a la Secretaría del Medio Ambiente y la alcaldesa Nancy Núñez de Azcapotzalco a verificar y reforzar los requisitos de autorización para nuevos desarrollos inmobiliarios en la alcaldía, en casos de alto riesgo urbano, ambiental e hidráulico como el megaproyecto en Avenida Camarones 134, colonia Obrero Popular.
“No es una estrategia partidista. Nace de la evidencia técnica y de la voz de los vecinos de Azcapotzalco, que están a favor del desarrollo, pero en contra del abuso”, señaló Álvarez Soto.
La legisladora advirtió que el proyecto de la empresa “Quiero Casa”, contempla la construcción de 639 departamentos en 8 torres de 10 niveles, sobre una superficie de más de 50 mil m2, lo que agrava hundimientos del suelo, colapsaría servicios básicos y comprometería la seguridad de las viviendas aledañas.
“No es una estrategia partidista. Nace de la evidencia técnica y de la voz de los vecinos de Azcapotzalco, que están a favor del desarrollo, pero en contra del abuso”, señaló Álvarez Soto. La diputada citó datos que consideró son preocupantes:
La zona presenta hundimientos acumulados de 2.1 metros, con un promedio anual de 10 centímetros, según la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Expusieron que, el Instituto de Vivienda clasifica la zona como “tipo 2” en el Reglamento de Construcciones, esto impide agregar masa estructural profunda por el riesgo de colapso.
Además se reportan filtraciones, grietas y daños estructurales en inmuebles cercanos, así como la intención de talar 50 árboles.
Tambien, se estima la incorporación de más de 3 mil nuevos habitantes, sin un plan de mitigación ni mejora de infraestructura.
Asimsmo, Álvarez Soto denunció que dos de los tres predios del proyecto eran de uso industrial y que el cambio de uso de suelo a habitacional se aprobó de forma opaca y contradictoria.
Puntualizaron que, el punto de acuerdo propone:
Instalar una mesa de diálogo pública y técnica con vecinos, especialistas, autoridades y la empresa constructora.
Revisar y reforzar los mecanismos de autorización para proyectos inmobiliarios de gran escala en zonas de riesgo.
La legisladora panista hizo un llamado al pleno para respaldar la propuesta:
“En nuestras manos está llamar a la responsabilidad para que las consecuencias de este proyecto no estén en nuestras conciencias».
