CIUDAD DE MÉXICO 22 DE SEPTIEMBRE (CDMX MAGACIN). – Debido al incremento por despojo de agua y ante la situación crítica de abastecimiento del líquido vital, las diputadas Xóchitl Bravo y Adriana Espinosa de los Monteros presentaron ante el Congreso capitalino una iniciativa de reformas al Código Penal local en materia de tipificación de robo y despojo de este recurso.
En su propuesta, las legisladoras señalaron que la Secretaría de Gestión Integral del Agua ha reportado pérdidas significativas derivadas de fugas y conexiones ilegales. “El robo de agua, aunque reconocido como fenómeno extendido, carece de una tipificación penal clara, lo que dificulta que las fiscalías y los tribunales actúen con contundencia”, exponen en su documento.
Cabe recordar que, el pasado 19 de septiembre, ante el Pleno del Congreso, Espinosa de los Monteros presentó la iniciativa para modificar los artículos 121, 237 y 238 del Código Penal para castigar el robo y despojo del agua.
“El Código Penal para el Distrito Federal tipifica los delitos de robo y despojo en términos generales, y prevé modalidades específicas como el robo de energía eléctrica o de hidrocarburos. Sin embargo, omite de manera expresa el robo de agua, a pesar de que este recurso es igualmente un bien de la nación indispensable para la vida y de interés público”, detallan en su iniciativa.
Bravo, Espinosa y Espinosa de los Monteros, explicaron que dicha omisión genera un vacío jurídico que limita la capacidad de sancionar por parte del Estado y en los hechos facilita la proliferación de las tomas clandestinas del agua.
“El despojo de agua en la Ciudad de México constituye una problemática creciente que ha pasado de ser un fenómeno aislado a convertirse en un patrón recurrente en diversas zonas de la capital”, detallan la coordinadora Bravo Espinosa y Espinosa de los Monteros.
Debido a lo anterior, indicaron que la capital del país enfrenta una de las crisis hídricas más complejas en México. Ello, agregan, porque la sobreexplotación de los acuíferos locales; el deterioro de la infraestructura hidráulica; el crecimiento poblacional, y el cambio climático generan una presión insostenible sobre el sistema de abastecimiento.
“De acuerdo con informes oficiales, hasta el 40 por ciento del agua que circula en la red se pierde no sólo por fugas, sino también por tomas clandestinas y prácticas ilícitas de extracción, que constituyen un verdadero despojo a la colectividad”, reclamaron.
Asimismo, señalaron que ese tipo de conductas generan consecuencias negativas económicas, sociales, ambientales y políticas. Respecto a las primeras, precisan que ocasionan pérdidas millonarias al erario por concepto de agua no contabilizada y no facturada, mientras que las segundas profundizan la desigualdad en el acceso al recurso.
“A diferencia del robo de agua, que se centra en la sustracción clandestina mediante tomas irregulares, el despojo implica privar, condicionar u obstaculizar el acceso al recurso hídrico que legítimamente corresponde a la población. En la práctica, este delito se manifiesta en la exigencia de pagos indebidos para el reparto de pipas, la simulación de actos de autoridad para retener el suministro o el establecimiento de condiciones ajenas al servicio público para permitir la distribución del líquido”, se lee en la iniciativa.
Xóchitl Bravo y Adriana Espinosa de los Monteros coinciden en que esas acciones vulneran directamente el derecho humano al agua, ya reconocido en la Constitución Política Mexicana y en diversos tratados internacionales. “Ello porque limitan de formaarbitraria el acceso a un recurso vital para la salud, la alimentación, la higiene y, en general, para el desarrollo digno de las personas”.
