CDMX Magacín
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso al Gobierno capitalino evaluar rigurosamente sus políticas laborales y medir su verdadero impacto en la generación de empleo formal y la calidad de vida de las y los trabajadores.
Lo anterior tras la comparecencia de la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del GobCDMX, Inés González Nicolás, ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, en donde los diputados de la oposición Liz Salgado y Mario Sánchez cuestionaron la falta de resultados medibles, la alta informalidad laboral y la opacidad en programas como el Seguro de Desempleo.
“En Acción Nacional estamos convencidos de que no hay mejor política social que el empleo. Pero no basta con capacitar o colocar personas: se necesita saber si mejoraron sus ingresos, si conservaron sus empleos y si su calidad de vida cambió. Sin ese seguimiento, los programas se quedan en buenas intenciones”, señaló Liz Salgado.
La Diputada panista advirtió que la tasa de informalidad en la Ciudad de México permanece en 44.1%, una cifra preocupante que refleja la falta de incentivos para la formalización y los bajos salarios que enfrentan los jóvenes.
Denunció que la Secretaría no mide la permanencia ni el impacto económico de los empleos generados a través de ferias laborales y programas de capacitación.
“Nos dicen cuántos jóvenes se capacitan, pero no si consiguen empleo o si mejoran sus ingresos. Nos dicen cuántas personas se colocan, pero no cuánto duran en esos empleos. Es urgente medir los resultados y no solo reportar coberturas”, enfatizó.
En su oportunidad, el Diputado Mario Sánchez señaló la falta de transparencia y trazabilidad del Seguro de Desempleo, que debería servir como apoyo temporal para quienes pierden su trabajo, pero que actualmente carece de datos públicos sobre duración del apoyo, perfiles de beneficiarios o reinserción laboral.
“Nos preocupa la opacidad con la que este gobierno utiliza el Seguro de Desempleo. No hay información sobre cuántos beneficiarios lograron reinsertarse al empleo formal. Pareciera más una herramienta de administración de la precariedad o, peor aún, un instrumento clientelar”, denunció.
El legislador pidió información sobre empresas sancionadas por incumplimientos laborales, así como sobre las denuncias por fraudes en ofertas de empleo, y exhortó a la Secretaría a coordinarse con la Fiscalía capitalina para perseguir penalmente estos casos.
“Queremos saber qué acciones concretas están implementando para garantizar que los programas laborales sean instrumentos de inclusión y no solo subsidios temporales. La política laboral no puede basarse en la narrativa oficialista de que todo va bien cuando los trabajadores siguen viviendo en la precariedad”, afirmó.
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