CIUDAD DE MÉXICO 20 DE ABRIL (CDMX MAGACIN).- Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, indicó que la planeación urbana no puede seguir basada en grandes desplazamientos, sino que debe garantizar que los servicios esenciales estén cerca de las personas.
Habló de Estancias Infantiles, centros de atención, servicios de salud y espacios de cuidado que, deben estar ubicados estratégicamente para ser accesibles en tiempos razonables.
Ello, dijo: para quienes sostienen dinámicas de cuidado como madres, padres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Agregó que en CDMX hay una realidad que históricamente ha sido invisibilizada en la planeación urbana: la distribución desigual de los cuidados. “ONU Mujeres ha documentado que las mujeres realizamos la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados, mientras que los hombres de manera lineal (casa-trabajo-casa).
En su oportunidad, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, advirtió sobre las irregularidades en el proceso del Plan General de Desarrollo, señalando que las críticas no provienen únicamente de la oposición, sino también de la sociedad civil, vecinos y órganos de participación ciudadana.
En ese sentido, cuestionó la falta de transparencia desde el inicio, al recordar que “el tiempo de difusión previo del PGD fue aproximadamente de dos horas y media”, lo que evidencia —dijo— la gravedad del contexto en el que se está construyendo este instrumento de planeación.
Asimismo, el legislador enumeró las principales preocupaciones de su bancada, destacando aspectos como el uso excesivo de Inteligencia Artificial en la elaboración del documento, la omisión de temas clave y la viabilidad financiera del proyecto. De manera puntual, alertó sobre tres riesgos centrales: “el primero, el asunto de las casas de gobierno… con facultades incluso para cambios en el uso de suelo”; “el segundo… modificaciones a la ley de participación ciudadana que atentan directamente contra los COPACOS”; y “tercero… las llamadas centralidades”, que —afirmó— podrían profundizar la redensificación sin atender el rezago en zonas periféricas.
Finalmente, enfatizó la necesidad de incorporar una visión integral del Sistema de Cuidados, al advertir que “una ciudad que no está diseñada para cuidar… está siendo diseñada para excluir”.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina en contra de la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez, por presuntas violaciones graves a la ley durante el proceso de formulación, difusión y consulta del Plan General de Desarrollo (PGD).
La legisladora panista acusó que el proceso estuvo marcado por la simulación, la opacidad y el incumplimiento deliberado de obligaciones legales básicas.
“Aquí no estamos frente a errores administrativos: estamos frente a un patrón de decisiones que ignoraron la ley como si fuera opcional”, sostuvo.
De acuerdo con la legisladora, la denuncia se sostiene en tres ejes principales:
El Plan General de Desarrollo nunca fue presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación, como lo exige la ley, lo que pone en duda su validez desde el origen.
No hubo un proceso de difusión, violentando el principio de máxima publicidad; el documento se hizo público apenas durante tres horas antes de la consulta.
Se ocultaron los mecanismos de participación ciudadana, ya que no existe un anexo que documente cómo se integraron las opiniones de la ciudadanía.
Garza advirtió que estas irregularidades no son menores y podrían invalidar todo el proceso del PGD antes incluso de analizar su contenido.
“El documento nace viciado. No se puede construir desarrollo sobre un proceso ilegal, la autoridad tendrá que responder con un sí o un no: ¿cumplieron la ley o no? Y todo indica que no”, enfatizó.
Ante la gravedad de los hechos, Olivia Garza exigió la separación inmediata del cargo de Patricia Ramírez, para garantizar una investigación sin interferencias.
“No puede haber una investigación seria mientras la persona señalada siga operando desde dentro de la institución. Es un conflicto evidente y una falta de respeto al proceso”, sostuvo.
La legisladora advirtió que mantener a Ramírez en el cargo enviaría un mensaje de impunidad y encubrimiento. “Si no hay consecuencias, entonces la ley en esta ciudad es letra muerta”, dijo.
Al hacer uso de la voz, la Diputada Liz Salgado centró su intervención en la relevancia estructural del Plan General de Desarrollo, advirtiendo que no se trata de “un documento más”, sino del instrumento encargado de ordenar toda la política pública de la ciudad.
Por ello, alertó sobre fallas de fondo en su diseño, al señalar que “hoy no está cumpliendo su función principal: ordenar la política pública”, debido a problemas de articulación, operatividad y falta de alineación entre visión, presupuesto y ejecución. Enfatizó que el PGD debería fungir como el puente entre la norma y la acción gubernamental, pero actualmente “no articula, no alinea y no genera una base común”, lo que compromete su eficacia como instrumento rector.
En el análisis específico, destacó que, si bien el documento acierta en algunos diagnósticos —como en el reconocimiento del sistema de cuidados y la gestión integral de riesgos—, presenta vacíos importantes en su implementación. “Reconoce relativamente bien los problemas, pero no define cómo, quién ni con qué recursos”.
Liz Salgado, advirtió sobre el riesgo de que el plan quede como un instrumento meramente discursivo: “hay una disyuntiva clara: o el Plan General de Desarrollo se queda como un documento sin incidencia real… o termina validando que las cosas sigan como están”, lo que lo alejaría de su propósito de transformar la realidad de la ciudad.
En su oportunidad, la Diputada Claudia Pérez centró su intervención en la situación de los Pueblos y Barrios Originarios frente al Plan General de Desarrollo, señalando una contradicción de fondo entre el discurso y la práctica institucional.
Explicó que, aunque el documento reconoce su autonomía y libre determinación, en los hechos no respeta sus tiempos ni sus procesos organizativos: “los incorpora como actores del sistema de planeación, pero justo por la autonomía y su respeto debería ser también adecuado a los tiempos de los pueblos y barrios”. La Diputada Pérez denunció que las consultas realizadas han sido insuficientes y excluyentes, al afirmar que “ni siquiera les dieron tiempo de organizarse entre ellos para leer esas 500 hojas”, lo que —advirtió— vulnera directamente sus derechos.
Destacó la iniciativa que impulsa para reformar la ley en materia de derechos de pueblos originarios, con el objetivo de garantizar mecanismos efectivos de participación: “esta reforma busca garantizar que de manera permanente las comunidades sean informadas, escuchadas y tomadas en cuenta”, haciendo valer su derecho a la consulta previa, libre e informada.
Además, subrayó la falta de infraestructura y servicios en estas comunidades, particularmente desde la perspectiva del sistema de cuidados, al advertir que “en estos pueblos se carece de comunicaciones” y que situaciones como la denuncia de violencia pueden implicar traslados de hasta dos horas.
La Diputada Claudia Pérez hizo un llamado a que el Plan General de Desarrollo actúe con coherencia y realmente respete la autonomía y necesidades de los pueblos y barrios originarios.
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