CIUDAD DE MÉXICO 07 DE MAYO ( CDMX MAGACIN).- La diputada panista Liz Salgado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer los mecanismos institucionales de búsqueda, coordinación y atención a familiares.
“Hoy existen esfuerzos institucionales importantes, pero muchos de ellos dependen de acuerdos administrativos o de voluntad política temporal. Lo que buscamos es convertir esas herramientas en obligaciones legales permanentes”, expresó Salgado Viramontes.
Señaló que actualmente la capital enfrenta problemas estructurales derivados de registros fragmentados, falta de coordinación entre instituciones y ausencia de mecanismos permanentes de gestión y seguimiento.
Agregó que existen casi 6 mil personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México, mientras que durante 2025 la capital fue la segunda entidad con más registros de desaparición a nivel nacional.
Entre los principales puntos de la propuesta destacan la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, que integrará información de distintas instituciones y permitirá homologar datos para mejorar las labores de búsqueda e identificación.
También, la institucionalización del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como mecanismo permanente de coordinación de alto nivel entre autoridades, así como la incorporación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas a la ley, con el fin de concentrar capacidades operativas, atención jurídica y acompañamiento psicosocial para familiares.
La iniciativa también contempla la creación de indicadores públicos de gestión y resultados, así como mecanismos de rendición de cuentas ante el Congreso local. Advirtió que la desaparición de personas no puede seguir enfrentándose con instituciones aisladas y sistemas fragmentados. “Cuando las instituciones no se coordinan, las familias terminan enfrentando solas la búsqueda de sus seres queridos. Esa realidad tiene que cambiar”, afirmó.
Aseguró que esta reforma busca fortalecer las capacidades institucionales de la Ciudad para construir un sistema más eficiente, coordinado y centrado en las víctimas y sus familias.
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