CIUDAD DE MÉXICO 21 DE MAYO ( CDMX MAGACIN).– El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad dos dictámenes en el rubro tecnológico: uno para regular el uso responsable de teléfonos celulares en las primarias y secundarias capitalinas, y otro para tipificar el delito de “phishing” o robo de datos personales en el Código Penal local, que se castigará hasta con seis años de prisión.
En la Sesión Ordinaria de este jueves, las y los diputados dieron luz verde al dictamen conformado por dos iniciativas, una para establecer la regulación sobre la utilización de los dispositivos móviles y tecnología digital dentro de las aulas escolares, y otra para incorporar el principio de aprendizaje digital responsable.
Para fundamentar la propuesta, subió a tribuna la legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, en su calidad de integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial. Explicó que el dictamen sustenta la propuesta para adicionar el Artículo 64 a la Ley de Educación capitalina, presentada por la diputada Laura Álvarez Soto.
Precisó que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana y también de los procesos educativos, pero que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro de las escuelas afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
“El dictamen que se presenta no prohíbe de manera absoluta los teléfonos celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática. Entendemos que sólo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo. Además, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos”, aclaró.
Asimismo, expuso que las reformas al Artículo 7 de la misma ley permitirán incorporar el principio de aprendizaje digital responsable, promoviendo hábitos saludables que permitan aprovechar la tecnología sin que se convierta en un factor de distracción o afectación emocional.
Al razonar su voto a favor, la panista Laura Alejandra Álvarez Soto sostuvo que el 75 por ciento de los maestros consideran que los estudiantes se distraenconstantemente con sus celulares en clase, y que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso o explotación sexual en línea.
“Ante esta realidad, la iniciativa que presenté buscaba establecer protocolos y acciones que limitaran el uso y portación de celulares en escuelas primarias y secundarias. Además de promover un uso responsable y consciente de la tecnología”, recalcó.
La también Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.También externó que el dictamen presentado es mucho menos ambicioso y está lejos de su iniciativa original, ya que se limitó a establecer estrategias de aprendizaje digital.
A su vez, el perredista Pablo Trejo Pérez señaló que se debe garantizar un uso responsable y orientado al aprendizaje con estos dispositivos, ya que su utilización indiscriminada afecta la convivencia escolar y los procesos de enseñanza.
Por otra parte, el diputado Alberto Martínez Urincho dio a conocer la fundamentación del dictamen sobre la tipificación del delito de “phishing” en el Artículo 231 del Código Penal capitalino, que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que él preside.
Expuso que el creciente uso de la tecnología también ha generado un aumento de los fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables.
Ante el Pleno, agregó que la iniciativa define al “phishing” como el delito de quienes lanzan un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas.
Martínez Urincho indicó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75 por ciento. Esto, añadió, equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día.
Al razonar su voto, la legisladora panista Olivia Garza de los Santos, promovente de esta iniciativa, comentó que este delito afecta principalmente a las personas adultas mayores, y que la seguridad no se construye únicamente en las calles, sino también en los espacios digitales.
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