CIUDAD DE MÉXICO 27 D EMAYO ( CDMX MAGACIN).- Con la finalidad de proteger el derecho humano al agua de los habitantes de la Ciudad de México, el Congreso capitalino dio luz verde a un dictamen de reformas al Código Penal local, en materia de despojo de este recurso vital.
En la Sesión Ordinaria de este miércoles, el Pleno Legislativo aprobó -con 56 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones- el dictamen de cuatro iniciativas presentadas, por separado, por las diputadas morenistas Adriana Espinosa de los Monteros García y Xóchitl Bravo Espinosa; la panista Olivia Garza de los Santos y el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, también de MORENA.
A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Macedo Escartín subió a tribuna para fundamentar el dictamen que reforma los artículos 237 y 238 del citado ordenamiento.
“Con este dictamen buscamos fortalecer nuestro marco jurídico para sancionar estas conductas, proteger la infraestructura hidráulica y mandar un mensaje firme de que el agua no puede ser utilizada para beneficio personal, económico o político”, puntualizó.
Explicó que el objetivo de las reformas es sancionar a quienes -con fines de lucro- impidan, obstaculicen o condicionen de manera indebida el acceso al agua potable, ya sea mediante exigencia de pagos, dádivas o cualquier tipo de contraprestación, imponiendo condiciones ajenas a un servicio público o realizando actos de coacción y abuso que restrinjan injustificadamente el acceso al agua.
También que se establecen sanciones más severas cuando en estas conductas delictivas participe un servidor público. En ese caso, se contempla incluso la destitución de su cargo o inhabilitación.
Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza de los Santos aseveró que el objetivo del dictamen es que las autoridades cuenten con herramientas legales para combatir el despojo de agua y reconocer que la extracción ilegal, la manipulación de infraestructura hidráulica y el aprovechamiento indebido del recurso ya no podrán seguir tratándose sólo como faltas administrativas o conductas dispersas dentro de distintos ordenamientos.
“En una ciudad donde millones de personas enfrentan problemas de abasto, donde colonias completas dependen de pipas y donde el acceso al agua se ha convertido en una preocupación cotidiana, no podíamos mantener vacíos legales frente a quienes hacen negocio con una necesidad básica”, recalcó.
Precisó que cuando alguien perfora una línea, desvía el suministro, condiciona el acceso o utiliza el líquido vital para obtener beneficios económicos o políticos, no solamente se afecta una red hídrica, sino también el acceso de miles de personas a un servicio indispensable.
La panista subrayó que, a partir de esta modificación legal, las autoridades contarán con mayores elementos para investigar y sancionar estas prácticas. “Quien convierta la necesidad de la gente en un negocio ilegal enfrentará sanciones de hasta 12 años de prisión, multas de hasta 234 mil pesos y tratándose de servidores públicos, destitución e inhabilitación para ejercer su cargo público o comisión”.
Por su parte, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros enfatizó que esta reforma elevará la sanción jurídica frente a estas conductas, al establecer tipos penales más precisos y dotar a las autoridades de mejores herramientas para perseguir y sancionar a quienes lucren con el agua potable.
La morenista consideró que no se trata de una reforma simbólica, sino de una respuesta normativa concreta a un problema real y cotidiano . “El agua no es botín, no es instrumento de control político y mucho menos una mercancía ilegal. Es un derecho y, como tal, su protección es una obligación del Estado”, concluyó.
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