CIUDAD DE MÉXICO 26 DE NOVIEMBE (CDMX MAGACIN).- La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México denunció que la dirigencia nacional y local del PRI, encabezada por Alejandro «Alito» Moreno, operó y contrató grupos de choque y porros para generar violencia durante la marcha del pasado 15 de noviembre.
En conferencia de prensa, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo y el vocero Paulo García anunciaron que se presentará un punto de acuerdo ante el Congreso para denunciar el esquema criminal y violento.
Morena presentó un esquema que vincula directamente a dirigentes priístas con la contratación de grupos porriles identificados como la Organización de Estudiantes Técnicos (ODET), el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, así como grupos conocidos como «Los 300» y otros liderados por personajes como Ángel Gutiérrez, «El Faria», y «Chico Baby». Estos grupos porriles tienen un historial de relación con la dirigencia local del PRI en la Ciudad de México.
De acuerdo con las pruebas presentadas, existe una red de operación y financiamiento que involucra a los Diputados Federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos, quienes habrían coordinado la movilización de estos grupos con el objetivo de infiltrar y violentar las manifestaciones ciudadanas pacíficas.
En su turno, Bravo Espinosa externó su agradecimiento a los militantes del PRI que tuvieron la valentía de denunciar que dicho partido está fuertemente involucrado en los actos de violencia en la llamada marcha de la Generación Z, porque ello permite que la verdad salga a la luz. Además, agregó, porque hubo dinero de por medio para contratar a los grupos porriles que participaron el sábado 15 de noviembre.
«Toda esta mafia, todos estos actores políticos que están intentando crear inestabilidad en esta ciudad, en este país, hoy salen al descubierto. Pero principalmente decirle a la gente que el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal siempre buscarán que no haya enfrentamientos», puntualizó.
También dio a conocer que la Bancada de Morena presentará un Punto de Acuerdo, ante el Pleno del Congreso capitalino, con la finalidad que se investigue a fondo a los diputados Israel Betanzos y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien contactó a Ángel Gutiérrez Javier, alias «El Faria», sobre su participación para implementar el operativo de violencia, en el que más de 100 policías resultaron lesionados.
«Que toda la gente conozca cómo fue; quiénes son, y que su intención de crear inestabilidad no es que les preocupe la gente, es con una intención económica, es con una intención política. Y hoy que no nos vengan a decir que están preocupados y que piden ayuda a otros países, cuando hoy demostramos que quienes son los principales originarios de la violencia es Acción Nacional y el PRI», subrayó.
Por su parte, el diputado Paulo García reveló detalles alarmantes sobre la operación: «Les ofrecieron un pago de 10 mil pesos por participar en estas acciones violentas. Alito pidió reunir a 400 personas, aunque no lograron llegar a 100».
García también señaló que «eran personas entre 30 y 50 años, así que ni los porros eran jóvenes», evidenciando que se trató de una operación planeada con mercenarios políticos y no de estudiantes.
«Hacemos responsable a la dirigencia nacional y local del PRI de cualquier cosa que pueda suceder a los militantes y simpatizantes del PRI que nos han hecho llegar esta información», declaró el Dip. Paulo García, subrayando que la propia militancia priísta rechaza estas prácticas violentas de su dirigencia.
La denuncia incluye evidencia que demuestra la participación coordinada de grupos porriles provenientes de diversos planteles educativos, incluyendo bachilleres, CETIS, vocacionales y facultades universitarias, todos vinculados con estructuras del PRI.
En próximos días se integrará una Comisión Especial de investigación exhaustiva sobre estos grupos de choque que atentan contra el derecho constitucional a la manifestación pacífica y ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía. Morena refrenda su compromiso con la paz, la seguridad y el respeto a las libertades democráticas en la Ciudad de México.–
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