CIUDAD DE MÉXICO 06 DE NOVIEMBRE (CDMX MAGACIN).- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó tres dictámenes relativos a reformas al Código Penal, propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada y legisladoras en materia de amenazas, lesiones por razones de género o prejuicio, y asociación delictuosa.
El primer dictamen aprobado corresponde a la iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por la jefa de Gobierno, y la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal, propuesta por la diputada del PRI, Tania Larios, relativo a amenazas.
El documento precisa que las amenazas constituyen una de las manifestaciones más frecuentes de violencia y un mecanismo de intimidación que coloca a la víctima frente a la posibilidad real o aparente de sufrir un daño en su persona, en sus bienes o en las personas con quienes mantiene vínculos afectivos o familiares.
Durante la novena sesión ordinaria de la comisión, su presidente, el diputado Alberto Martínez Urincho, explicó que las amenazas son un delito que considera diversas modalidades, por tanto conlleva distintas penas según la gravedad de la conducta; y que las propuestas de reforma de la jefa de Gobierno y de la legisladora Larios Pérez buscan la paz y seguridad de las personas “al mejorar el tipo penal de este delito para generar más protección de estos bienes jurídicos”.
El dictamen aprobado modifica el Artículo 209 para establecer que “Al que por cualquier medio amenace a otro con causarle un mal grave en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de uno a dos años de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa”.
El segundo dictamen responde a la iniciativa para reformar el artículo 253 del Código Penal local, presentada por la jefa de Gobierno, con la finalidad de incrementar la pena del delito de asociación delictuosa, con el objetivo de proteger a la ciudadanía, cuando la comisión de los delitos se lleve a cabo por un grupo de personas de manera permanente.
Para ello, se reforman los párrafos primero, segundo y se adiciona un último párrafo al artículo 253 del código, para indicar que “Se impondrá prisión de cinco a diez años y de doscientas a dos mil unidades de medida y actualización al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir. Se impondrá de diez a quince años y de mil a siete mil unidades de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, cuando los integrantes de la asociación o de la banda que cometan alguno o varios de los delitos siguientes…”.
Martínez Urincho afirmó que es relevante implementar acciones para salvaguardar la vida, el patrimonio, y la integridad de las personas que se ven afectadas por la delincuencia organizada.
El tercer dictamen aprobado es relativo a la iniciativa para reformar el artículo 131 y adicionar el artículo 131 Bis del Código Penal local presentada por la jefa de Gobierno. Esta reforma integral busca que las lesiones por razones de género o prejuicio se tipifiquen de forma expresa para reconocer el daño social y simbólico que producen, ya que estas violencias buscan reafirmar jerarquías y excluir a quienes no se ajustan a los moldes normativos de identidad, género o deseo.
“Se considera que la violencia física ejercida contra mujeres por razones de género, así como aquella motivada por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales no normativas (OSIEGCS), constituye una de las formas más persistentes y graves de violación a los derechos humanos”.
Por ello se propone reformar el Artículo 131 Bis para disponer que “Se incrementará en dos terceras partes la pena que corresponda a la lesión causada, cuando las lesiones se infieran por razones de género en contra de mujeres o por prejuicio en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas”.
Al respecto, el diputado aseguró que, las mujeres no están expuestas a la violencia por accidente o debido a una vulnerabilidad, ésta es resultado de una discriminación estructural arraigada que el Estado tiene la obligación de abordar, indicó, en este sentido la jefa del Ejecutivo local, propuso modificar el artículo 131 y adicionar el 131 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para armonizar el marco legal local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y seguridad ciudadana y de esta manera buscar que las lesiones de género se tipifiquen de forma expresa para reconocer el daño social simbólico que produce.
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