Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
El pipazo de hace 23 días en Iztapalapa, que hasta la fecha ha dejado 31 personas fallecidas sigue exhibiendo la falta de capacidad operativa del Gobierno Federal y del de la Ciudad de México y su Fiscalía. Además de muy lenta reacción preventiva posterior al grave acontecimiento, se contradicen en sus versiones, divagan de supuestas nuevas regulaciones y no se ven en acción.
En estos 23 días pura palabrería. No vemos a las autoridades por ningún lado supervisando con rigor, en operativos intensos en autopistas del país y avenidas y calles de la capital para reducir al máximo los riesgos en la transportación de materiales peligrosos. Exhiben ausencia de autoridad.
Y contradicciones. El martes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján mintió, o al menos “tiene otros datos”, respecto del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, específicamente de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Bertha Alcalde aseguró el martes que las empresas “Transportadora Silza, S.A. de C.V.”, que pertenece a “Grupo Tomza”, propietarias de la pipa que causó la explosión de gas en el Puente de la Concordia sí contaban con póliza vigente de seguro de responsabilidad civil.
Sin embargo, la ASEA afirma lo contrario: que no contaba con póliza de seguro vigente al momento del accidente. Dijeron que la cobertura se les había vencido tres meses antes. La información que ofreció la ASEA es que la última póliza fue registrada en septiembre de 2024 con el folio ASEA/UGDI/DGGOI/8511/20242, pero venció en junio de este año. La ASEA tampoco tuvo registro de que se haya renovado alguna póliza en este 2025, según han informado.
De existir algún seguro de cobertura por daños a terceros o responsabilidad civil, una buena parte de los heridos deberían haber sido atendidos en hospitales privados, lo que no ocurrió. A muchos los llevaron a nosocomios públicos en donde no tenían ni gasas, especialmente en esos que se hacen llamar “IMSS Bienestar” –que eran del Gobierno capitalino–, y hoy en estricto sentido no son ni del IMSS, ni del bienestar.
Van 23 días y no se ven acciones más rigurosas de supervisión para estos vehículos de transporte de materiales peligrosos. Insisto, pura retórica.
El martes, el gobierno capitalino volvió a lo que siempre hace: propuestas, promesas, planes. Brugada presentó lo que llamó “13 medidas para garantizar que la circulación de transportes con materiales y sustancias peligrosas e inflamables no provoque ningún peligro”.
Entre otros aspectos, hablan de la reducción de los límites de velocidad, de rutas prioritarias y carriles específicos de circulación, establecimiento de horarios nocturnos para el tránsito, más rigor para permisos y en controles a este tipo de vehículos, así como aumento hasta del 100% en multas y sanciones.
Suena bien. ¿Pero quién se va a encargar de que se cumpla? ¿La misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Pablo Vázquez, que se quedó pasmada desde el 10 de septiembre y no hacen rigurosos operativos de supervisión?
El gobierno de Sheinbaum también anunció que aumenta los controles para los vehículos que transporten gas LP. Que ahora habrá inspecciones obligatorias y pruebas técnicas. ¿Será responsabilidad de los mismos que se han quedado de brazos cruzados desde hace 23 días sin que se vean en acción con supervisiones más estrictas? Es urgente que las autoridades se hagan cargo de su responsabilidad y pasen de las palabras a los hechos. Lo veremos.
