Óscar V. Machado / CDMX Magacín
De cumplirse el plan presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, los ciudadanos podrán ahora inscribirse en una ventanilla única del Instituto de Vivienda para solicitar casa, con lo que se va a desplazar a las organizaciones intermediarias, muchas de las cuales son pura estafa, mayoritariamente de líderes de Morena, que cobran cuotas mensuales a sus “integrantes” y les dan largas de varios años, sin siquiera registrar formalmente su demanda de hogar.
La jefa de Gobierno calificó como un gran logro el “Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social Pública y/o Asequible”, porque “rompe los muros burocráticos”.
Expuso: “El proceso para obtener vivienda social tarda más de cuatro años y a partir de ahora los trámites más importantes tomarán en promedio cuatro meses”, lo que representa una reducción del 85% de los tiempos de respuesta”.
La jefa de Gobierno indicó que las facilidades administrativas beneficiarán los procesos públicos de vivienda que lleva a cabo la actual administración, los del gobierno federal y de las instituciones nacionales en la materia.
Este acuerdo abre de nueva cuenta lo que llaman “bolsa de vivienda”, pues estaba cerrada por la enorme demanda, y sólo registraban a los solicitantes a través de organizaciones, muchas sí serias, y otras sólo para timar a la gente, históricamente coludidos con funcionarios de la dependencia. Esto se terminó, de cumplirse lo dicho por Brugada.
De cualquier manera, las organizaciones que sean serias seguirán teniendo importancia, porque cumplen un papel importante de conseguir tierra liberada, completamente legalizada, y ya después de eso solicitarle al INVI que financie la construcción.
“Estamos dando a conocer esta simplificación de trámites y este golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias, y entonces, ya lo que vienen las próximas semanas es la definición de proyectos estratégicos en las zonas de tensión inmobiliaria”, afirmó la jefa de Gobierno desde la colonia Buenos Aires, una de las de mayor tensión inmobiliaria en la capital.
Brugada resaltó que con este acuerdo la mayoría de los trámites para vivienda social bajan a 15 días en promedio. Por ejemplo, dijo, la evaluación de impacto ambiental pasa de 40 días hábiles a un día en los predios donde no haya arbolado, mientras que la gestión del programa interno de protección civil pasa de 120 a 10 días naturales.
“Este acuerdo es un paso gigante para la construcción de una ciudad justa, democrática, sustentable, una ciudad que dé prioridad a la vivienda pública y asequible”, remarcó.
Brugada resaltó que el gobierno ya cuenta con todos los elementos para avanzar en la producción de vivienda popular en zonas céntricas y accesibles, pues hay proyectos, un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos para 2025 y el acuerdo de simplificación administrativa, dijo.
Si cada vivienda ronda los 850 mil pesos, al Gobierno de la CDMX le alcanza para unas 11 mil en este año, siempre y cuando tenga los predios disponibles. Faltarían 189 mil casas o departamentos para cumplir su meta de 200 mil en el sexenio, para lo cual requiere de unos 160 mil millones de pesos. El presupuesto de este 2025 del GCDMX es de 300 mil millones.
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