Óscar V. Machado / CDMX Magacín
Con el contundente propósito de acabar con la impunidad y reafirmar el Estado de Derecho, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina presentó su estrategia para combatir el delito de despojo, que contempla una sólida coordinación entre las autoridades capitalinas y el envío al Congreso de la Ciudad de México de un conjunto de iniciativas, entre las que destaca incrementar hasta 22 años de cárcel a las personas que se apropien ilegalmente de algún inmueble.
“El de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural, que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces, redes criminales que operan con total impunidad. Este tema es muy sensible en la ciudad, porque es un delito que lastima mucho a las familias, a las comunidades, rompe vínculos familiares y, sobre todo, se comete en agravio, muchas veces, de personas en situación de vulnerabilidad”, resaltó la jefa de Gobierno.
En conferencia de prensa, Brugada Molina aseguró que su estrategia para hacer frente a este delito es trabajar de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. “Se necesita una respuesta también estructural, coordinada y con enfoque de derechos humanos”.
Para ello, instaló formalmente el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya trabaja desde hace 4 meses, en la que participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Ordenamiento Territorial, Registro Público de la Propiedad, Dirección de Patrimonio Inmobiliario, Dirección de Regularización Territorial, entre otras instancias que son coordinadas por el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y por la Fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján. “Es un espacio interinstitucional, que tiene el propósito de proteger el patrimonio de las personas”, calificó.
Asimismo, detalló que su administración, a través de la Secretaría de Gobierno, creó una Unidad Operativa Especializada contra el Despojo con el objetivo de atender de manera eficiente, cada asunto que se presente.
Las reformas legales
En los últimos 5 años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha abierto 19 mil 943 carpetas de investigación por el delito de despojo. En 2024 se abrieron 3 mil 643 carpetas, y en lo que va del año –hasta el 15 de julio– se han abierto 2 mil 245. Las demarcaciones donde más se registra este delito en el primer semestre de 2025 son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xochimilco.
La mandataria capitalina explicó que, por lo general existen dos formas para realizar el despojo: personas que amedrentan a las familias para que desocupen su vivienda a la fuerza y el despojo sin violencia directa, que se esconde a través de fachadas legales, con fraude notarial, con escrituras apócrifas o con personas que se presentan como supuestas autoridades, “este modus operandi de despojo, lo hacen desde la sombra, aprovechándose de vacíos legales y de la desinformación de las víctimas”.
Ante esto, Brugada también anunció que enviará un conjunto de iniciativas al Congreso de la Ciudad de México para incrementar hasta 22 años de cárcel a quienes incurran en este delito, sin derecho a fianza.
Detalló que esta propuesta contempla agravantes importantes, cuando participen servidores públicos, notarios y sus trabajadores, cuando este delito ocurra en Zonas de Conservación Ecológica o con valor histórico y patrimonial.
Brugada Molina explicó que la iniciativa que enviará la próxima semana al Congreso capitalino plantea reformar el Código Penal, Código Civil, Registro Público de la Propiedad y la Ley Registral para la Ciudad de México. “Esperemos que a principios de septiembre se pueda aprobar”.
Campaña de difusión
Por último, Brugada Molina anunció que su gobierno desplegará una campaña de difusión para que la población aprenda a reconocer prácticas fraudulentas, conozca qué hacer ante trámites sospechosos, y sobre todo, cómo exigir sus derechos, “sabemos que muchas personas tienen el problema del despojo, pero no saben cómo actuar, a dónde acudir”.
Siguió: “Esta estrategia contra el delito de despojo combina diversos esfuerzos que estamos llevando a cabo: desde el fortalecimiento institucional, así como mecanismos para que la población pueda acceder a ser asesorados y apoyados, como reformas legislativas para enfrentar mejor este problema”.
Por eso, concluyó la mandataria, hoy retomamos de manera prioritaria este tema del despojo ilegal de viviendas o inmuebles, que no sólo implica hacer reformas, sino también implementar un conjunto de acciones, de manera coordinada y eficaz, para enfrentarlo.
