CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio, (CDMX MAGACÍN).- Ante el anuncio que 198 placas de la Ruta 57 serán extinguidas y otorgadas en una sola acción a una empresa operadora, concesionarios informaron que interpondrán un amparo por la violación a sus derechos humanos, como el trabajo, la libre expresión y manifestación de ideas.
Gabino Ortega, dirigente de la Ruta 57, señaló que serán extinguidos porque el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quiere sacarlos del medio, por haber pedido un incremento de 5 pesos a la tarifa.
“Lo que hicimos fue pedir aumento, lo que molestó al secretario, lo que ha llevado a la Secretaría de Movilidad a discriminarnos, acusándonos de insensatos, incoherentes, y nefastos, de ser lo peor en la Ciudad, nos tratan peor que delincuentes”, expuso.
Ortega aseguró que lo publicado por Andrés Lajous en la Gaceta Oficial y en todas sus redes sociales es el resultado de un abuso de autoridad y de funcionarios empeñados en una visión antidemocrática y alejada de toda transparencia.
Por ello, operadores y concesionarios advirtieron que el gobierno de la ciudad y la Semovi no tienen la última palabra a anunciar que “morirá” su operación como Ruta 57, pues más allá de una acción de gobierno, se confirma una venganza de tinte político, encabezada por Andrés Lajous.
Ortega señaló que lo anunciado es más una respuesta institucional llena de ira para aplastar cualquier acto contrario a su forma de gobierno, una negación al diálogo y al acuerdo, pues lo que impera es intolerancia y la discriminación.
Pues lo dicho por el titular de la Semovi de que hay 339, o que generó el inició de su desaparición como concesionarios, no es real y contraviene lo señalado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
“De esas 339 ninguna ha sido notificada a los concesionarios, ninguna de ellas existe, porque dejaron pasar tanto tiempo, hasta el momento en el registro oficial de la Secretaría de Movilidad y de transparencia nos han respondido que no existe queja alguna y después el Secretario sale diciendo que ahí están, pero son todas anónimas; es decir, se cobija bajó el escudo del anonimato por su incapacidad.
“Y con ello no aceptar que viola el articulo 116 de la Ley de Movilidad, porque no hay orden de comparecencia, 339 y no hay ni una sola orden para que se acudiera a conocer la queja como lo establece la ley, dejar pasar hasta tener 339, por qué”, expuso Ortega.
Según el artículo Artículo 116.- La extinción de una concesión por cualquiera de las causas establecidas la Ley de Movilidad o sus similares será declarada administrativamente por la Secretaría, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
La Secretaría notificará por escrito al concesionario los motivos de extinción en que a su juicio haya incurrido y fijará un plazo de diez días para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo, la Secretaría emitirá acuerdo señalando fecha y hora dentro de los diez días siguientes para el desahogo de las pruebas que así lo ameriten.
Concluido el periodo probatorio, la Secretaría tendrá quince días hábiles para dictar resolución, la cual deberá notificarse personalmente al concesionario o a su representante legal.
Luego de 43 años prestado servicio como concesionarios, la Ruta 57 han sido impulsora del cambio en la movilidad, hasta que llegó Andrés Lajous, que no los ha recibido en ningún momento.
La Ruta 57 a primera en la Ciudad de México en cambiar combis a microbuses y después microbuses por autobuses, por eso su petición de una mejor tarifa para ir acorde con una urbe tan importante.
«Hemos insistido en la necesidad de ajustar tarifas y equilibrarlas al contexto nacional y al proceso inflacionario que en este gobierno dice no existe, la respuesta es el espíritu miserable del sistema de gobierno que sólo autorizó un peso de incremento y ahora nos salió de peso desaparecer, lo que quiere Lajous es que nadie sepa su sociedad en las aplicaciones», añadió Ortega.
«Un peso que no permite hacer nada, pero a la autoridad le da facultades para ejercer el peso del Estado y aplastar a las voces disidentes a las que se las ha cancelado de facto toda posibilidad de disentir».
Pero el Gobierno CDMX y la Semovi no tienen la última palabra, “recurriremos a la ley de amparo, a la exposición de motivos al Poder Judicial Federal, a la movilización social, a la denuncia pública, a la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso, a la Comisión de Derechos Humanos de CDMX, a pesar de que los organismos públicos autónomos no han querido ver está abusiva visión política y abuso indiscriminado del ejercicio público de las autoridades de la Semovi”.
