Guillermo Juárez / CDMX Magacín
El Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, aprobó la minuta que reforma el párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política, en la que se amplía el catálogo de delitos en prisión preventiva oficiosa, ahora incluyendo ilícitos como la extorsión y los relacionados con sustancias químicas esenciales (tráfico de fentanilo), así como el uso de comprobantes fiscales falsos.
Es decir, para cuando alguien enfrente un proceso judicial por alguno de estos ilícitos mencionados, el juez de la causa ordenará que el probable responsable esté encarcelado durante la celebración del juicio.
El diputado del PAN, Ricardo Rubio, al presentar su voto razonado en tribuna, calificó esta reforma como regresiva, al ir en contra de los derechos humanos y porque sólo servirá para encarcelar opositores “y es de dictadores perseguir opositores”; además agregó que se excluyen delitos como la defraudación fiscal y el narcomenudeo que representa en la Ciudad de México el ciento por ciento de impunidad y aquí “el que la hace no la paga”.
Por Morena, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga precisó que esta reforma representa una medida cautelar para evitar que los delincuentes evadan la justicia, con énfasis en delitos como el tráfico de fentanilo que afecta a la ciudadanía, pero sobre todo a las y los adolescentes mexicanos.
Pablo Trejo Pérez (PRD) señaló que esta reforma es crucial para fortalecer la justicia y la protección de las familias, como una respuesta a los delitos que más afectan a la sociedad y la calidad de vida, como la extorsión y el tráfico de drogas sintéticas, y permite salvar vidas y enfrentar delitos sistémicos.
Del PRI, la legisladora Tania Larios aseguró que la reforma no resolverá los problemas, “es una falacia”, porque el sistema penal será utilizado como un instrumento de venganza. Advirtió que México debe respetar la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero estos derechos le estorban al régimen y no faltará mucho tiempo por intentar desaparecerlos. La reforma sólo aleja de la justicia y “nos arrastra hacia la arbitrariedad”, porque sólo la utilizan como herramienta de sometimiento y abuso de poder.
Por su parte, la diputada Elizabeth Guerrero (PT) respaldó esta propuesta, ya que permite fortalecer la actividad del Estado contra la delincuencia, en particular contra el tráfico de fentanilo. Aseguró que no vulnera la presunción de inocencia, y se enfoca en combatir delitos graves y de alto impacto, al evitar que los imputados sigan sus actividades ilícitas durante el proceso judicial.
Desde el PVEM, la diputada Rebeca Peralta León (PVEM) señaló que esta reforma es necesaria porque México enfrenta altos índices de violencia; porque la extorsión se ha incrementado afectando a las familias y a los sectores productivos del país. Este panorama exige una respuesta contundente del Estado y dijo que sólo se trata de una medida cautelar y no de una condena anticipada; el objetivo es evitar que los implicados cometan nuevos delitos.
