Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
La Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México no la tiene fácil. Así como ha trabajado a marchas forzadas en estos primeros 25 días, deberá hacerlo más aún a la brevedad, para dejar de estar en incumplimiento Constitucional, pero también para hacer las enmiendas legales a fin de que Clara Brugada pueda cumplir sus promesas de campaña.
En principio, la violación Constitucional es porque hay 179 Leyes secundarias locales que no han sido armonizadas con la Constitución de la Ciudad de México, decretada el 5 de febrero de 2017, y tenían como plazo límite el 31 de agosto pasado, último día de la anterior Legislatura.
Por lo pronto, es cierto que esta Tercera Legislatura arrancó veloz. Avanzaron en tiempo récord en la instalación de las Comisiones, porque igual traían la presión del tiempo, pues en el pasado tenían un mes para realizar esa labor, pues aunque se tratara de cambio de administración, ésta ocurría hasta diciembre, 75 días después de iniciada la Legislatura. Esta vez fueron apenas 35 días.
La operadora política para ese acuerdo con todas las bancadas en el Congreso ha sido coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, quien le atribuye el logro a los 66 diputados de todos los partidos políticos. La urgencia también tiene que ver con que deben aprobar a la de ya las iniciativas para crear las tres Secretarías que propuso Brugada, Vivienda, del Agua y Participación Ciudadana, ante el arranque de su gestión.
Sin embargo, al Congreso le urge no seguir en la violación Constitucional por no armonizar las Leyes secundarias, que arrastran desde el 17 de septiembre de 2018, en que oficialmente entró en vigor la carta magna local, en la que se dejó de llamar Distrito Federal para denominarse Ciudad de México. Las Leyes pendientes ni siquiera han actualizado su nombre, pues todavía siguen rigiendo en el “Distrito Federal”.
Hasta antes de esa fecha, existía algo inferior a una Constitución, que se llamaba Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que limitaba derechos a los capitalinos. No se reconocía plenamente al Poder Legislativo local, que se creó con todas sus atribuciones –incluso ya parte del Constituyente Permanente– como Congreso de la Ciudad de México.
El Congreso Constituyente de la Constitución CDMX fue electo en las urnas en 2016, y trabajaron en la Carta Magna desde septiembre y hasta el 31 de enero de 2017, para promulgarla el 5 de febrero siguiente, con el centenario de la Constitución Federal. En los transitorios, se estableció que el Congreso tendría como plazo hasta el último día de la Primera Legislatura, el 31 de diciembre de 2020, para actualizar y armonizar al texto constitucional todas las leyes secundarias, creadas desde la primera Asamblea de Representantes entre 1988 y 1997, y la Asamblea Legislativa, de 1997 a 2018. Sin embargo, no terminaron esa labor, y reformaron el transitorio de la Constitución para darse de plazo hasta el 31 de agosto pasado, que no cumplió la Segunda Legislatura y ya ni siquiera reformaron ese artículo.
Se fueron los diputados y heredaron a esta Tercera Legislatura el pendiente, que incluye el incumplimiento de la Constitución, de manera ininterrumpida y sostenida, por parte del Congreso de la Ciudad de México, y por supuesto de sus 66 integrantes. Cierto, no se les puede responsabilizar hasta antes del 31 de agosto de esa infracción constitucional, pero deberían apresurar la modificación del artículo transitorio para darse otro plazo y verdaderamente trabajar para armonizar la Legislación.
Si las primeras dos legislaturas brillaron por su bajo rendimiento, esta Tercera que arrancó muy bien puede poner el ejemplo y ser más productiva en tres años, que los seis previos. Lo veremos.
