David Polanco / CDMX Magacín
En lo que parecería una gran paradoja que mancha toda su vida de supuesta lucha social, el jefe de Gobierno, Martí Batres, así como la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, criminalizaron la protesta de comerciantes de Tláhuac, al abrirles una causa penal e internarlos en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla, sólo por demandar que el Gobierno capitalino les resarza el daño que les causó el desplome de la Línea 12 del Metro, ocurrido desde el 3 de mayo de 2021.
Y es que, ante las protestas de esos comerciantes, agrupados en una organización llamada “Yo también soy víctima de la Línea 12”, sus dos líderes principales, Alina Vázquez y Armando Bravo enfrentan ya un proceso penal en un juzgado de Santa Martha Acatitla por la absurda acusación de “Extorsión Agravada en Grado de Tentativa”. La carpeta de investigación (CI-FILZP/IZP-8/UI-3) al respecto fue por supuesto armada por la Fiscalía de Godoy, y la orden de aprehensión fue girada como parte de la Carpeta Judicial 012/2055/2023-OA.
El enojo del gobierno capitalino es porque son los comerciantes con quienes Batres instaló una mesa de diálogo el 14 de junio, todavía en su calidad de secretario de Gobierno, en el salón de usos múltiples de esa dependencia, donde se quedaron en espera de una respuesta durante 39 días, hasta que con un operativo de unos 500 elementos, principalmente de granaderos, los desalojaron.
Con esta decisión de persecución judicial, los comerciantes no sólo fueron agraviados por el desplome de una obra de tránsito mal hecha cuya responsabilidad es del gobierno capitalino, sino que la misma autoridad los revictimiza, sólo por su legítima protesta social y demanda de indemnización.
“Yo Soy Otra Víctima de la Línea 12” la conforman más de 200 comerciantes que iniciaron una lucha desde enero pasado para que el gobierno capitalino los indemnice porque desde hace más de 2 años está cerrada la Avenida Tláhuac –tras el desplome del Metro–, donde tienen sus pequeños negocios establecidos. La mayoría quebraron. Los que se salvaron tuvieron que despedir a sus trabajadores y hoy arrastran pesadas deudas. Por eso pidieron que los resarzan con dos años de dos salarios mínimos al día, un total de 298 mil pesos. El gobierno sólo quiere darles 88 pesos por día, que equivale a 4 kilos de tortilla. “Con eso no pagamos ni la mitad de las deudas”.
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BATRES SACA EL COBRE REPRESOR
