CIUDAD DE MÉXICO 10 DE NOVIEMBRE (CDMX MAGACIN).-La diputada del PAN, Daniela Álvarez denunció que en la Ciudad de México persisten prácticas que vulneran los derechos colectivos de los pueblos y barrios originarios, particularmente en materia de consulta previa y protección del territorio.
Álvarez Camacho dijo lo anterior en la comparecencia de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originaros, Nelly Juárez afirmando que pese al discurso institucional que presume una ciudad pluricultural, las comunidades enfrentan gentrificación, despojo territorial, proyectos urbanos impuestos y pérdida de identidad.
Señaló que en zonas como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta se han autorizado construcciones y desarrollos inmobiliarios sin los procesos de consulta libres, previos e informados que marca la Constitución.
“La consulta no puede reducirse a un trámite simbólico. Cuando la participación de los pueblos no tiene efectos en la toma de decisiones, se está simulando. Y la simulación también es una forma de violencia contra los derechos colectivos,” afirmó.
Álvarez advirtió que el Gobierno capitalino ha promovido proyectos de vivienda en territorios comunitarios, como en San Pedro Mártir, Santa Úrsula Xitla, Fuentes Brotantes y San Andrés Totoltepec, donde habitantes han denunciado la intervención del INVI sin pleno respeto al entorno natural ni al tejido social.
“Sí, la Ciudad necesita vivienda accesible; nadie lo niega. Pero la vivienda popular no puede construirse a costa del territorio, de la identidad y de la vida comunitaria de los pueblos originarios,” señaló.
Destacó que la reciente convocatoria para la consulta sobre el Plan General de Desarrollo sólo será legítima si el proceso garantiza información clara, participación sustantiva y resultados vinculantes, no simples mesas formales sin incidencia real.
Asimismo, Álvarez llamó a atender la situación de personas indígenas con discapacidad, quienes enfrentan doble discriminación y barreras sistemáticas de acceso a servicios básicos. Propuso trabajar en una agenda conjunta con el Instituto de las Personas con Discapacidad.
Finalmente, denunció actos de cooptación política y manejo discrecional de autoridades comunitarias en San Pedro Mártir, donde se documentaron irregularidades en la organización de festividades, manejo de espacios y omisión de medidas preventivas que derivaron en un incidente de riesgo.
“La libre determinación no es un favor del gobierno. Es un derecho constitucional. Y ese derecho se está vulnerando cuando se manipula a las autoridades tradicionales y se permite el avance de intereses políticos o económicos sobre la comunidad,” concluyó.
