CIUDAD DE MÉXICO, 31 de mayo, (CDMX MAGACÍN).- El dictamen que abroga la Ley de Publicidad Exterior, es una legislación que abre el “avorazamiento financiero y de contenidos”, que no respeta el orden urbano y tiene tentáculos de corrupción por parte del Gobierno, señaló la diputada de la CDMX, América Rangel Lorenzana que urgió a devolver a Comisión, para su urgente e inmediata corrección.
La diputada local afirmó que entre lo mal hecho, esta el mantener el 5 por ciento de espacios gratuitos cedidos, pero con el detalle de que será solo para el Gobierno central y no para las Alcaldías.
De acuerdo con la integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, no hubo cerrazón al diálogo y una negación sistemática a fortalecer argumentos.
América Rangel acusó que este dictamen, no considera las iniciativas que en la materia han sido presentadas por la oposición. “La aprobación de este dictamen con todas las violaciones procedimentales no es constitucionalmente defendible bajo el argumento de que fue aprobado por la mayoría pues, junto a ésta, en toda democracia que se jacte de serlo, se deben considerar tanto el valor de la representación política material como efectiva de cada uno de los grupos representados en este Congreso, así sea el más reducido”.
Agregó que este dictamen esconde, detrás de argumentos, la eliminación de la contaminación visual y por el que una vez más se busca dar una vuelta de tuerca al cuello de los particulares para apretarlos, presionarlos y cuya consecuencia sea el beneficio para el gobierno central al más puro estilo de las dictaduras que tanto agradan a la mayoría.
Un dictamen que prácticamente saca del juego de la regulación y la coordinación de acciones en materia de ordenación de la publicidad exterior a las Alcaldías, a pesar de que constitucionalmente son parte de un mecanismo articulador de acciones.
“Así como de la recaudación por el pago de derechos y aprovechamientos que considera la legislación vigente, irónicamente mucho más armonizada y actual que la que se pretende aprobar. Así, del serio análisis no solo de las tóxicas formas de procesar parlamentariamente este dictamen sino de sus contenidos, cualquiera en su sano juicio pensaría que, si se pudiera optar entre la ley vigente y lo nuevo aquí propuesto, aplicaría el dicho de “más vale ley vieja bien hecha que ley nueva mal hecha”, por certeza y seguridad normativa bien valdría mejor quedarnos con lo que tenemos”.
