Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
El tema de fondo no es si la fiesta brava con sangre se va a prohibir o no. El quid del asunto es el cumplimiento o no de la Constitución; el respeto o no al “pueblo bueno”, y también si el Congreso de la Ciudad de México es un poder autónomo, o si cualquier juez o un magistrado puede frenar su labor legislativa y ellos quedarse de brazos cruzados, claudicar.
Si es verdad que el diputado de Morena, Alberto Vanegas actuó de buena fe al pedir una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) sobre la iniciativa ciudadana preferente que pide prohibir las corridas de toros, debería rechazar la intromisión de otro poder para impedirle cumplir su función legislativa. Con mayor razón los otros 65 diputados.
Si el Congreso acata la resolución del magistrado Jorge Ponce Martínez de frenar el proceso de dictaminación de esa iniciativa ciudadana preferente, los 66 diputados estarían prácticamente renunciando al mandato popular que los eligió y quedarían sometidos a los designios de otro poder.
Por otro lado, también matarían de facto la figura Constitucional de iniciativa ciudadana preferente, que puede solicitarse con las firmas del 0.25% de las personas que integran la lista nominal (unas 22 mil 500), y esta debe ser votada a más tardar 45 días después de que se presentó. En este caso, el límite es el 11 de marzo. Si los diputados permiten que un magistrado les frene su trabajo legislativo, claudicarán al mandato popular que los eligió.
La realidad es que principalmente los legisladores de Morena querían congelar la iniciativa para no tener que votarla en el Pleno, pues un grupo importante está en contra de la fiesta brava con sangre. Sin embargo, desde arriba, Clara Brugada, jefa de Gobierno, y la presidenta Claudia Sheinbaum no quieren acabar con las corridas de toros, por los intereses económicos que hay detrás.
Por cierto, el magistrado Ponce, que paró el proceso legislativo, fue designado en 2019 en los tiempos de Sheinbaum jefa de Gobierno, y en noviembre pasado, ya durante la administración de Brugada, lo eligieron presidente de la referida Sala Constitucional.
Pudieron buscar otra forma de detener esa iniciativa, más elegante y sobre todo con respeto a sí mismos, pues además incurren en una gran contradicción: el año pasado, legisladores federales de Morena y aliados desacataron resolutivos de jueces y magistrados para frenar el proceso legislativo de la reforma judicial. Ahora van en sentido opuesto.
Tan oficioso fue el magistrado Ponce, que frenó el proceso legislativo sin que el diputado Vanegas lo solicitara. En esencia, el legislador preguntó cuál derecho constitucional debía prevalecer por sobre el otro, si el tiempo límite para votar la iniciativa preferente o consultar a los pueblos originarios para reformar leyes que les afecten. Es sabido que el magistrado actuó con la anuencia del presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra, quien trae atorado un asunto cruzazulino.
Falta ver si en el Congreso rescatan su autonomía. En principio, la diputada del PAN, Daniela Álvarez puede salvarla: si Morena y aliados no quieren votar la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales y le hacen el vacío, en su calidad de presidenta de ese grupo de trabajo ella puede no acatar la resolución del magistrado y turnar la iniciativa directo al Pleno para que se vote, y ahí… ¡ fuera máscaras! ¿Se atreverá? Lo veremos.
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