CDMX Magacín
Fortalecer las instituciones encargadas del acceso a la justicia, combatir la corrupción y garantizar la certeza jurídica en la CDMX, fue el llamado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional durante la comparecencia de Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
Tras escuchar la comparecencia, el Diputado Mario Sánchez reconoció el trabajo técnico de la Consejería Jurídica, pero destacó que la dependencia requiere una visión estratégica y de largo plazo que trascienda el recuento administrativo de trámites y servicios.
“Hace falta saber hacia dónde se dirige esta Consejería: ¿Qué modelo de justicia busca impulsar? ¿Cómo se está transformando la atención a los sectores más vulnerables? Hoy se requiere una política de acceso a la legalidad con enfoque social y humano”, señaló.
Sánchez Flores destacó la necesidad de fortalecer el Instituto de la Defensoría Pública, para garantizar apoyo legal efectivo a las personas con menos recursos, así como de mejorar los mecanismos de atención a víctimas y los sistemas alternativos de solución de conflictos.
“Esta ciudad merece darle mejores condiciones a las y los defensores públicos. Son mujeres y hombres que sostienen el acceso a la justicia con vocación y compromiso. Desde Acción Nacional proponemos crear mesas técnicas para avanzar en la conformación del Instituto de la Defensoría, con participación de especialistas, legisladores y ciudadanía”, enfatizó.
Asimismo, el legislador panista pidió revisar a fondo el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al advertir que persisten irregularidades que facilitan prácticas como el despojo de inmuebles.
“Debemos fortalecer al Registro Público para impedir que quienes hacen mal uso de sus funciones alimenten el delito del despojo. No hablamos de nombres, sino de un sistema que necesita modernización y vigilancia”, subrayó.
En tanto, la Diputada Claudia Montes de Oca puntualizó la necesidad de mejorar la atención ciudadana y agilizar los procesos de reparación por daños derivados de baches y deficiencias en la infraestructura urbana.
“Aunque celebramos los avances, los trámites para reclamar daños siguen siendo lentos y complicados. Es urgente cerrar la brecha entre los daños causados por baches y la reparación integral de las personas afectadas”, puntualizó.
La legisladora también preguntó a la Consejería Jurídica sobre la estrategia de difusión de los derechos ciudadanos en este tema y sobre los planes para garantizar que la digitalización del Registro Civil no excluya a quienes viven en zonas rurales o con acceso limitado a internet.
“La transformación digital debe hacerse con un enfoque de justicia social. No podemos dejar atrás a quienes no tienen conectividad ni acceso tecnológico. La justicia debe ser universal y cercana a todas y todos”, concluyó.
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