CIUDAD DE MÉXICO 08 DE ABRIL (CDMX MAGACIN). – Ante el reciente y lamentable accidente ocurrido el pasado 9 de marzo en el inmueble de San Antonio Abad, la Diputada Liz Salgado Viramontes, integrante de la fracción de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó a nombre propio y del Diputado Andrés Atayde, una iniciativa para reformar la Ley para la Reconstrucción de la CDMX.
La legisladora subrayó que lo sucedido no es un hecho aislado ni producto del azar, sino la consecuencia directa de un marco normativo deficiente que regula la reconstrucción tras el sismo de 2017.
“Hoy tenemos una ley plagada de ambigüedades, vacíos y zonas grises que permiten interpretaciones contradictorias entre las autoridades. Bajo el falso argumento de agilizar procesos, se han relajado requisitos indispensables para garantizar la vida y la seguridad de las personas”, afirmó Salgado Viramontes.
La panista detalló que tras un análisis minucioso de la ley vigente, se detectaron problemas estructurales que requieren atención inmediata e incluyen facultades discrecionales, es decir, autoridades con atribuciones excesivamente amplias y sin límites claros; caos administrativo, reflejado en la falta de coordinación efectiva entre las distintas instancias de gobierno; omisión de supervisión, que es la ausencia de obligaciones explícitas para vigilar el cumplimiento de las normas, y, finalmente la vulnerabilidad técnica, un diseño normativo que deja la seguridad estructural y la protección civil al arbitrio de interpretaciones.
Liz Salgado enfatizó que cuando una ley permite lecturas tan distintas ante un mismo caso, el problema deja de ser meramente administrativo para convertirse en un error de diseño legal que pone en riesgo a los capitalinos. “Desde el PAN no permitiremos que la burocracia y las leyes mal hechas sigan cobrando facturas en la seguridad de nuestra ciudad.
Frente a ello, dijo Salgado Viramontes, la iniciativa que presenta, propone hacer ajustes de fondo en tres sentidos muy claros, primero, cerrar los vacíos legales que hoy generan confusión institucional; segundo, dejar absolutamente claro que la seguridad está por encima de cualquier facilidad administrativa o criterio de rapidez, y tercero, establecer responsabilidades claras para todas las autoridades y para los particulares involucrados en los procesos de reconstrucción.
Por lo tanto y de manera concreta, ante el pleno del Congreso, expresó las once propuestas a considerar en dicha reforma: redefinir las facilidades administrativas, para que sirvan para agilizar trámites, pero nunca para sustituir o relajar requisitos de seguridad; establecer obligaciones claras de coordinación y supervisión entre la Comisión, las alcaldías, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y la autoridad de protección civil; precisar consecuencias jurídicas claras, de tal manera que otorgar facilidades en contra de la ley constituya responsabilidad administrativa y patrimonial
Blindar la jerarquía normativa, dejando expresamente establecido que ningún acuerdo administrativo puede estar por encima de la ley en materia de seguridad estructural; crear un registro público de obras de reconstrucción, accesible a la ciudadanía, que permita conocer qué se está construyendo, en dónde y en qué condiciones.
Establecer mecanismos de supervisión permanente en obras de alto riesgo; ampliar la cobertura de la ley para incluir también inmuebles no habitacionales vinculados al proceso de reconstrucción.
Este es muy importante, señaló Salgado, porque actualmente la Ley está diseñada para inmuebles habitacionales y son muy pocos los casos no habitacionales contemplados y no es claro que un edificio como el de San Antonio Abad, pudiera acogerse a los beneficios de la Ley.
Establecer requisitos indispensables, y no dispensables, para cualquier demolición, como programas de protección civil, proyectos estructurales firmados por responsables de obra, protección de colindancias y pólizas de responsabilidad civil; definir con claridad las responsabilidades de empresas, directores responsables de obra y corresponsables estructurales; establecer responsabilidad para las autoridades que, por acción u omisión, permitan la relajación de estos requisitos y; fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en todo el programa de reconstrucción.
Finalmente, Liz Salgado señaló que estas propuestas no crean nuevos trámites ni burocracia innecesaria.
“Lo que hacen es algo mucho más importante, “cerrar espacios de discrecionalidad que hoy ponen en riesgo la vida de las personas, el propósito de esta iniciativa no es politizar una tragedia, no es dar vuelta a la página y mucho menos es “tapar el hoyo”, como se dice coloquialmente, por ello, es momento de corregir el rumbo y garantizar que cada inmueble reconstruido sea un espacio seguro”.“Que lo ocurrido el 9 de marzo no se repita”. Ese es el objetivo de esta iniciativa concluyó.
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