CIUDAD DE MÉXICO 19 DE FEBRERO (CDMXMAGACIN).-La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local entrevistó a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de CDMX.
El presidente de la comisión, diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) indicó que este ejercicio es parte de un proceso ciudadano abierto, para elegir a las mejores mujeres y hombres para contribuir al combate a la corrupción.
Explicó que los tópicos a evaluar en las entrevistas son referentes a la autonomía institucional, capacidad administrativa, diseño y ejecución de políticas públicas, impulso de la justicia restaurativa, acceso a grupos de atención prioritaria, atención a víctimas y perspectiva de género de infancia y adolescencia, profesionalización.
Y servicio de carrera, procuración de justicia efectiva, sensibilización que rompa paradigmas de corrupción, especialización en la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción.
El congresista Royfid Torres González (MC) expresó su preocupación sobre una visión proactiva, debido al riesgo a caer en una excesiva búsqueda de culpables; solicitó a la y los candidatos especificar la definición de autonomía en el contexto de la fiscalía especializada, así como las condiciones jurídicas para alcanzar medios alternativos de resolución de conflictos.
La legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) preguntó qué se haría para incluir a la ciudadanía en la construcción de políticas que encaminen a la FGJCDMX; medidas para evitar la revictimización de denunciantes de corrupción en casos de violencia de género; y cómo garantizar la formación de personal con perspectiva de derechos en la persecución de estos delitos.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) señaló que se necesitan más herramientas para combatir la corrupción; preguntó por la experiencia que se tiene en la materia y cómo fortalecer la cultura de la ética y la integridad en los ámbitos público y privado.
Además, explicar las estrategia para incentivar la denuncia ciudadana y la participación de las organizaciones de la sociedad civil contra actos de corrupción, así como la utilización de las herramientas tecnológicas.
La congresista Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) preguntó respecto a las medidas legislativas que se requieren para dotar de mayores facultades a esta fiscalía, y qué tipo de política pública necesita para construir relaciones de confianza con la ciudadanía.
Al enfatizar que la fiscalía debe transitar a un enfoque con vocación social para la impartición de justicia, la diputada Yolanda García Ortega (PVEM) dijo que es importante conocer las acciones planteadas para sensibilizar a la sociedad e instituciones sobre los efectos de la corrupción, así como las principales áreas y actores que deben atenderse en esta materia.
En su turno, el legislador Diego Garrido López (PAN) requirió información sobre el plan de acción para atender la corrupción y cuál sería la propuesta para recuperar la legitimidad institucional y asegurar el principio de la autonomía e independencia y mejorar la operatividad.
Por su parte, el congresista Pedro Haces Lago (MORENA) solicitó la opinión respecto al papel que juegan las denuncias ciudadanas y la prensa en la lucha anticorrupción, y cómo se coordinaría con otras instancias en esta tarea.
El diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) expuso que las fiscalías necesitan a las y los mejores servidores públicos, que “deben ser el ejemplo de lo que no se debe hacer”. Llamó a privilegiar mejores condiciones de las personas trabajadoras, ya que llevarán mayores cargas de trabajo y responsabilidad.
Por su parte, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) comentó que es importante conocer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas propuestos, las medidas para fortalecer la capacitación de jueces y fiscales, y la coordinación interinstitucional.
En su ponencia, la aspirante Luz Adriana Greaves Mercedes planteó que para la atención a grupos prioritarios es necesario implementar un protocolo de atención con perspectiva de género, donde se evalúen la situación de igualdad. Reconoció que los delitos de corrupción afectan principalmente a las mujeres y también propuso un protocolo distinto para niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, recalcó que la corrupción es multifactorial, sin embargo, el factor más importante es la impunidad, además de los vacíos y deficiencias en políticas públicas que realmente erradiquen la cero tolerancia a la corrupción.
Durante la segunda entrevista, el aspirante César Silva Mejía explicó que los funcionarios deben ser garantes de integridad, asegurando la aplicación honesta de recursos públicos, mejorando procesos administrativos y con un código de ética, mediante estrategias integrales que fomenten la prevención y transparencia.
Agregó que el fiscal anticorrupción debe analizar las fallas sistémicas que propician los actos de corrupción y contar con conocimientos multidisciplinarios. Enfatizó que la fiscalía debe funcionar con respeto a la ley y derechos, integridad, visión de estado y respeto a derechos fundamentales; y que la autonomía depende de la capacitación, manejo de recursos y transparencia.
Por su parte, el tercer aspirante, José Gerardo Huerta Alcalá, resaltó la importancia de la autonomía de las instituciones y la coordinación con otras dependencias que debe fortalecerse a través de la transparencia y rendición de cuentas.
Habló también de la importancia de la profesionalización y el servicio profesional de carrera de las y los servidores para encabezar investigaciones que den respuestas adecuadas para la sociedad, sobre todo en la persecución de delitos.
