Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Hace unas semanas, circulaba en automóvil por la calle de Palma, en el Centro Histórico, en busca de un estacionamiento. Casi al llegar a la calle 16 de septiembre le pregunté a un oficial de tránsito dónde había un lugar para parquear. Me dijo que a dos calles y que estaban llenos, pero que a unos metros había unos franeleros que cobraban entre 150 y 200 pesos por “darme un lugar”.
Verifiqué que dónde me permitirían estacionar es un lugar prohibido, por lo que tenía que dejar las llaves de mi vehículo. Había coches hasta en segunda fila, y por supuesto ni grúas, ni candados, ni agentes de tránsito.
No acepté su trato, pero después de parquear en un estacionamiento, regresé a ver a los franeleros. Les pregunté por qué cobraban tan caro y cómo le hacían para que no se llevaran los coches ni los infraccionaran. Me respondieron lo que era evidente: ‘le damos su parte a los policías’, me respondió. Claro, no podría ser de otra manera.
Los policías los regentean y, más o menos como ha sido en la historia policial desde “La Hermandad” –que sigue vivita y coleando–, el dinero sube como la espuma, de jefe en jefe.
El tema de los franeleros viene a cuento porque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció este martes la presentación de una iniciativa para incrementar las sanciones a los que exijan cuota a los ciudadanos. El texto vigente de la Ley de Cultura Cívica establece para tal hecho una multa de hasta mil 500 pesos –casi siempre aplican cuando mucho 300 pesos–, conmutables por trabajo al servicio de la comunidad. En la propuesta de Brugada se endurece la sanción y se establecen hasta 36 horas de arresto administrativo inconmutables.
En realidad, así como los franeleros del Centro Histórico que describí, en todas las zonas de la ciudad en que hay mayor conglomeración de vehículos y falta de sitios de estacionamiento, los franeleros exigen tarifa mínima a los automovilistas, porque al mismo tiempo los policías les exigen cuota diaria.
Precisamente, los franeleros que no cumplen con la cuota son los que remiten los policías al juez cívico. Y en esos casos sí son ágiles y actúan de oficio, porque cuando un ciudadano padece al franelero, no aparecen los policías, precisamente porque ellos los regentean.
Y si el automovilista tiene la “suerte” de encontrarse a una patrulla, en ese caso los policías se resisten a actuar, exigen que el ciudadano vaya al Juzgado Cívico como quejoso. Casi nadie acude, porque el sistema ahí es otra pesadilla. Los jueces cívicos retrasan lo más que pueden el trámite, incluso pidiendo que el quejoso y el franelero vayan al médico legista, en donde surge otra enorme deficiencia: no hay en todas las Fiscalías desconcentradas y hay que buscarlo en otra.
La iniciativa de Brugada deja ver una enorme paradoja: la izquierda hace más punitiva la necesidad de tener que trabajar como franelero para ganarse la vida, mientras que la derecha es más suave. Por ejemplo, el alcalde de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe plantea que los franeleros que incumplan la Ley de Cultura Cívica realicen trabajo comunitario y ayuden a limpiar las calles, pero no encerrarlos.
Brugada y su secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, saben bien que los regentes de los franeleros son los policías, quienes si se aprueba esta iniciativa van a exigir mayor cuota con la amenaza del arresto. Lo veremos.
FOTO: Especial
