Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
De no creerse: se acepta su existencia desde hace mucho más que 150 años, desde Benito Juárez hasta Ernesto Zedillo, la época del último regente del Distrito Federal. Y de 1997 a la fecha con la izquierda gobernante. Pero nunca nadie se ha atrevido a reglamentarlo. Es el comercio en el espacio público: ambulantes, puestos, tianguis.
Aunque la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México diga que le quiere entrar a la regulación, la realidad es que rehúyen el tema, le dan largas. Hay enormes intereses fácticos alrededor de esta actividad, un gran negocio precisamente por la indefinición jurídica. Absoluta discrecionalidad.
La 4T, desde la administración anterior, de Claudia Sheinbaum, no le ha querido entrar. La diputada Silvia Sánchez Barrios, entonces del PRI, quien pertenece a una familia de líderes de comerciantes en el espacio público, presentó una iniciativa –“Chambeando ando” – con más de 40 mil firmas de apoyo, todas de personas que tienen su sustento en esta actividad que les da el sustento. Sin embargo, el Congreso CDMX, de mayoría oficialista, votó en contra la iniciativa. Y siguen más o menos igual: en la actual Legislatura tampoco han avanzado en el tema de reglamentación. Ni para agregar algún capítulo a la “Ley de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y Subsuelo de la Ciudad de México”, y tampoco crear una legislación específica en la materia. Y menos cambiar la Constitución. El Gobierno elude el tema y tampoco quiere que los diputados le entren, ni siquiera los que son amigos.
Pero las cosas cambiaron a partir del martes, pues ya hay materia legislativa para empezar a discutir una reglamentación al comercio en el espacio público, con la iniciativa que presentó el diputado Pablo Trejo, vicecoordinador del PRD –emanado y militante de Morena–. Es un proyecto, me contó, producto de un arduo trabajo de diálogo y discusión de los entes involucrados en lo que se llama el “megabloque”. Sobresalen dirigentes de tianguistas. Fueron mil 500 horas de trabajos distribuidos en unas 300 reuniones, que equivalen a 61 días completitos.
En las conclusiones de esos encuentros que se plasmaron en la iniciativa que presentó Pablo Trejo, acaso el principal aspecto es que el Gobierno de la Ciudad de México es el que va a tener la potestad para la aplicación de la eventual norma que se apruebe.
En esos encuentros en que también participaron altos funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la queja principal de los comerciantes en el espacio público es que por todos lados los quieren extorsionar: supuestos inspectores del Gobierno o de alguna Alcaldía, líderes de organizaciones reales o ficticias que ni los defienden; personas ligadas a partidos políticos de todos los colores, que prefieren quedarse con esos recursos para sus bolsillos y para campañas.
“La falta de certeza jurídica y la normatividad existente parcial y ambigua dejan a los comerciantes no al arbitrio de la ley, sino a merced de la autoridad en turno”, lo que a menudo deriva en “prácticas de corrupción y abuso por parte de autoridades de nivel intermedio”, dice en su iniciativa Trejo.
Si se reglamentara, los comerciantes pagarían derechos a las arcas de la capital, dinero que debería servir para acciones de gobierno que de alguna manera retribuyeran al ciudadano por el usufructo del espacio público, que es de todos.
En el Congreso, esperan que el Gobierno de la capital envíe pronto su iniciativa. Lo veremos.
FOTO: Cuartoscuro / Especial
