Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a quien en realidad manda en esta dependencia, Claudia Sheinbaum, les urgía cerrar el caso de Sofía y Esmeralda, las jóvenes de 17 y 23 años que fallecieron el 10 de noviembre pasado al caer en una coladera destapada en Viaducto Río Consulado, en zona de la Alcaldía Iztacalco, al oriente de la capital.
Y en esa premura no les importó exhibir un proceso desaseado en el que se aprovecharon el enorme distanciamiento entre los progenitores de las jóvenes y fueron a convencer al padre para que aceptara una indemnización como víctima, incluso sin importarles que la madre no estuviera de acuerdo con tal de cerrar el caso.
Ulises Lara, el lector de los comunicados de la Fiscalía a quien hacen llamar pomposamente “vocero” (otros le dirán voz cero), informó del convenio logrado el martes por la noche con el padre de las jóvenes y los apoderados legales del Sistema de Aguas de la Ciudad de México “en el que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato”. Esto, supuestamente con la intermediación de la Comisión Especial de Atención de Víctimas (CEAVI) del gobierno de Sheinbaum.
Tramposamente, al hacer el anuncio, Lara no hizo mención alguna de la madre de las jóvenes fallecidas, la señora María Elvia Canchola, quien horas más tarde evidenció la truculencia de la Fiscalía, y desconoció el acuerdo de “reparación del daño” a través de la CEAVI.
María Elvira Canchola emitió un mensaje muy duro: “Venimos a aclarar a la MP que nosotros no hemos realizado ningún acuerdo reparatorio, porque el Gobierno de la Ciudad de México y el titular de CEAVI, mañosamente, buscaron al padre de mis hijas, quien nos abandonó desde hace más de 15 años y que jamás se hizo cargo de ellas, y que estaba demandado porque nunca dio ninguna pensión alimenticia para ellas y la suscrita, y que además un juez determinó la guarda y custodia a mi favor. ¿Cómo puede ser que el gobierno y CEAVI sean tan patrañas y hagan esas cosas para quitarse la responsabilidad?”, lamentó la madre de las jóvenes.
Por ello, la señora interpuso un escrito en la Oficialía de partes de la Fiscalía para que se anule el truculento acuerdo con el padre biológico de las jóvenes.
Semanas antes, las autoridades de la capital ya se habían apresurado a aceptar “la responsabilidad civil del Estado” en el fallecimiento de las jóvenes, al parecer para proteger a otras autoridades, pues el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, de Morena, dijo en noviembre ante diputados que como el hecho había ocurrido en vías primarias, le correspondía también a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y a la Secretaria de Movilidad (Semovi).
La propia Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX, desde el principio quiso sacar de la esfera de la justicia penal el caso, porque a pesar de que diputados de todos los partidos en el Congreso de la Ciudad de México le hicieron un llamado para que atendiera a la madre de la joven y se iniciara una averiguación previa, la fiscal negó ese trámite.
Como parte del control de daños de este terrible caso, el gobierno de Sheinbaum también inició una narrativa de que están combatiendo el robo de tapas de coladera, el cual reconocieron ocurre de manera importante. En este discurso, no se percataron que salpicaban al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien por otra parte llaman el policía estrella. Como termine este caso ya no importa, la truculencia de la Fiscalía de Godoy quedó más exhibida que nunca. Y si eso lo hacen con casos tan expuestos, de gran impacto mediático, ¿qué no harán con otros asuntos? ¡Imagíneselo!
