Alejandro Lelo de Larrea
Con el propósito de frenar el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada emitió el “Bando Uno”, en el que establece acciones concretas contra el fenómeno originado por el incremento exorbitante en el costo de las rentas, que también implica la expulsión de habitantes originales de las colonias, la quiebra a los comercios locales históricos y en general encarece enormemente el costo de la vida.
“Con este Bando Uno, la Ciudad de México es pionera entre las ciudades de América Latina, en impulsar acciones concretas para estabilizar las rentas y garantizar el derecho a la vivienda adecuada y defender el derecho a la ciudad”, dijo Brugada, quien previamente había enfatizado: “Este es el inicio de un proceso profundo, progresivo y estructural para transformar el acceso a la vivienda en la ciudad y combatir fenómenos como la gentrificación”.
El “Bando Uno por una Ciudad Habitable y Asequible, con Identidad y Arraigo Local” consta de 14 medidas que deberán ponerse en marcha de inmediato.
Para tal fin, el Gobierno convocará a “un amplio proceso de discusión ciudadana en foros, conversatorios, diálogos sociales y comunitarios, así como en el Congreso de la Ciudad de México, para que todas las voces sean escuchadas.
Las 14 medidas a implementar
1.- Las rentas habitacionales en la CDMX no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el INEGI, como lo establece el artículo 2448 del Código Civil, reformado en 2024. Trabajarán en los instrumentos para garantizarlo.
2.- Establecer el índice de precios de alquiler razonable, con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria, que también serán definidas.
3.- Fortalecer la regulación de la renta de viviendas en ocupaciones de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal, como la llamada Airbnb, lo que podría endurecer la reforma del año pasado para que la gente no los pueda rentar por más de 6 meses al año, lo que no se ha cumplido por falta de reglamento.
4.- La creación de la “Defensoría de los Derechos Inquilinarios” como un organismo público para hacer cumplir los derechos de los arrendatarios y arrendadores, así como aplicar sanciones en caso de incumplimiento de la legislación aplicable. También brindar acompañamiento, mediación y defensa, en caso de prácticas abusivas, desalojos ilegales, promoviendo nuevas relaciones entre arrendadores y arrendatarios, para encontrar condiciones justas y mutuamente benéficas en el alquiler de las viviendas.
5.- Brugada presentará una iniciativa de Ley de rentas justas, razonables y asequibles, para regular el alquiler de viviendas. Esto también implica establecer un equilibrio entre los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios.
6.- Se fortalecerá la política social de vivienda, priorizando la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria. Esto conlleva una redensificación equilibrada en la CDMX, con respeto a dinámicas socioculturales y reserva territorial.
Jóvenes y grupos vulnerables
7.- En zonas de tensión inmobiliaria “se reformará, se reforzará y se ampliará el Programa de Vivienda Pública en Arrendamientos, para garantizar el acceso para jóvenes y grupos vulnerables”.
8.- Ampliar los espacios habitacionales existentes en los barrios populares y la creación de condominios familiares.
9.- Combatir a la especulación inmobiliaria en las zonas de tensión, en coordinación con el sector privado.
10.- Construir plan maestro para abatir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria, con la participación de habitantes y residentes originarios
11.- Proteger el patrimonio de las comunidades, la recuperación de su memoria mediante políticas públicas que fortalezcan la cohesión social, la diversidad y la pluralidad.
12.- Estímulos a comerciantes locales para fortalecer la economía barrial y garantizar la permanencia de las MiPyMes.
13.- Políticas y programas en favor de la hospitalidad, el abatimiento de las desigualdades, la promoción de la cohesión y convivencia social.
14.- Crear del Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre contratos de arrendamiento, incluyendo la vivienda en renta de larga y corta estancia.
“No habrá imposiciones”
Brugada englobó de nuevo todo este plan como “la construcción de un gran frente social que construya alianzas en defensa de la comunidad; en favor de que las rentas no aumenten indebidamente; en favor de garantizar la defensa de arrendadores y arrendatarios; en construir barrios vivos, democráticos y participativos”.
Estas acciones implican reformas a la Constitución y Leyes secundarias de la Ciudad de México, pero Brugada resaltó que no van a ser imposiciones, y menos en los temas más sensibles.
“El gobierno capitalino convocará a un amplio proceso de discusión ciudadana en foros, conversatorios, diálogos sociales y comunitarios; asimismo, el Congreso de la Ciudad de México garantizará todas las discusiones necesarias”, puntualizó.
