Línea Fifí

Por Martín de J. Takagui

A pesar de que se presenta como el gobierno más democrático, emanado del partido más democrático, el actual gobierno federal, de la autodenominada cuarta tranmsformación, que enacabeza el presidente Andrés López Obrador ha demostrado una y otra vez que la voluntad presidencial es la que vale y no la de los ciudadanos, menos aún de las mayorías.

Desde hace varios días o semanas, el presidente de la República ha insistido en que a finales del mes de agosto “llueva, truene o relampaguee, las clases presenciales volverán en la última semana del mes de agosto”.

Ayer mismo, el mandatario federal sostuvo que “aunque haya una mayoría que se oponga a las clases presenciales, habrá clases presenciales”, en donde tendrán que verse frente a frente, después de 18 meses los niños con sus compañeros de salón.

En esta ocasión como en todas las anteriores en las que se ha hecho valer la voluntad del presidente de la República, lo que siga la gente, simplemente no vale, a pesar de que puedan existir razones de peso, reales y contundentes.

Y es que el país, como gran parte del mundo, viven la llamada “tercera ola de la pandemia del Covid-19”, por lo que las madres de familia y padres que buscan proteger a sus hijos, de esta enfermedad que hoy ataca, principalmente a los niños, no serán escuchados por el presidente López Obrador.

Hace un año y medio que se decretó el cierre de las escuelas, eran los adultos mayores, los obesos y los hipertensos, como los diabéticos, quienes corrían los mayores riesgos frente al covid, hoy son los jóvenes y los niños, precisamente, quienes habrán de regresar a la escuela.

Por suerte para muchos jóvenes mexicanos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) goza de una autonomía invulnerable y se ha adelantado a advertir que las clases presenciales en todos sus planteles no podrán regresar, sino hasta que haya, al menos, tres semanas consecutivas de semáforo epidemiológico en color verde.

Otra de las pruebas de que las mayorías no son las que mandan es el asunto de la consulta a realizarse este domingo 1 de agosto, con la pregunta más confusa y ambigua que hemos podido conocer en el ámbito de la política, pero que en realidad lo que busca es el aval de la sociedad para enjuiciar o tratar de sancionar a los expresidentes de la llamada etapa neoliberal.

Aquí a lo que habrá de enfrentarse el presidente López Obrador, es a buscar no la mayoría, sino solamente el 40 por ciento de los mexicanos que forman parte de la Lista Nominal de Electores, para obtener el respaldo y la oblogación de investigar y en su caso castigar penalmente a los expresidentes.

Difícil se ve que asistan a las urnas más de 30 millones de electores para votar por el sí o por el no, la verdad es que a la gente ni le interesa lo que haya sucedido en el pasado, lo que quieren ver es cómo le van a hacer mañana, hoy mismo en la tarde, la próxima semana para llevar el gasto a la casa.

Pareciera que al único que le interesa enjuiciar a los ex presidentes es al presidente de México y algunos cercanos colaboradores y seguidores que lo rodean. La noche del domingo, si es que lo logra el Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova, podría haber una aproximación de la minoría que asistirá a votar, que de no ser de 40 por ciento más uno de la Lista Nominal, será un ejercicio con un costo de 500 millones de pesos tirados a la basura.

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