Glorieta de Colón
Alejandro Lelo de Larrea
Claudia Sheinbaum y Morena no solo tienen fiscal carnala en la persona de Ernestina Godoy, también tienen magistrado carnal: se trata de Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Y de premio, lo quieren reelegir 4 años en el cargo que ostenta como titular del Poder Judicial de la capital.
Igual que la 4T impulsó ampliar 2 años el periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una reforma aprobada por Morena a nivel federal, los diputados del mismo partido en la Ciudad de México modificaron la Constitución local con dedicatoria, por lo que se le ha llamado la Ley Guerra.
La historia proviene del 10 de diciembre de 2019, cuando la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México cambió el artículo 23 transitorio de la Constitución Política capitalina, para posibilitar la reelección del magistrado Rafael Guerra como presidente del TSJCDMX.
Esta reforma fue en contra de una resolución de la SCJN en 2018, cuando determinó que el presidente del TSJCDMX dura 4 años en ese encargo y por ninguna razón puede reelegirse.
Amparo contra Ley Guerra
Ante esta situación, a poco más de 2 meses de que se celebre la votación para elegir al titular del Poder Judicial de la CDMX, la magistrada Celia Marín Sasaki interpuso una demanda de amparo en contra de la reelección de Rafael Guerra, la cual fue radicada al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.
Celia Marín busca que se considere inconstitucional el referido artículo 23, así como el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que se haga efectiva la no reelección del presidente del TSJCDMX, como lo determinaron ya en 2018 en resoluciones de la SCJN.
En los artículos regalados por Morena en la Ley Guerra, se establece que la persona que ocupa la Presidencia del Pleno del Tribunal y del Consejo de la Judicatura concluirá el periodo para el que fue electo y en su caso podrá participar en el proceso de elección siguiente. Es decir, una reelección.
De acuerdo con Celia Marín, “estos artículos no sólo van en contra del espíritu del constituyente, sino que fueron expresamente negociados y publicados a favor de la Presidencia actual”.
Además, en su demanda de amparo, de la cual este reportero tiene copia, se argumenta que los artículos transitorios reformados en 2019 sólo tienen validez hasta el 31 de diciembre de este año. Y como ese mismo día termina la presidencia de Rafael Guerra, ya no se le pueden aplicar y por lo tanto no puede reelegirse.
Ya veremos qué resuelve el Poder Judicial Federal sobre este amparo, y si Sheinbaum y Morena logran salirse con la suya de tener un magistrado carnal 4 años más como presidente del TSJCDMX.
La congruencia del juzgador federal sería que, como en el caso del ministro Zaldívar, no se permitiera la reelección de Guerra. Lo veremos.
Reacciona oposición en Congreso CDMX
Se tardaron, pero finalmente la oposición en el Congreso de la Ciudad de México reaccionó y presentó su iniciativa a fin de postergar los plazos para el ejercicio del Presupuesto Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, que supera los 2 mil 500 millones de pesos para las 16 Alcaldías.
En su iniciativa para añadir un artículo transitorio a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneración y Ejercicio de Recursos, ordenamiento donde se establecen los mencionados plazos, el PAN propuso ayer en el Congreso que sea el 15 de diciembre el plazo para contratar las obras, y el 31 de marzo de 2022 para pagarlas ya entregadas.
Este conflicto entre Morena y la oposición es porque los alcaldes salientes no contrataron obra alguna y le dejaron los materialmente imposibles a los nuevos alcaldes opositores: la fecha límite para contratar los proyectos es el 31 de octubre y para la entrega de las obras realizadas el 31 de diciembre.
Para ampliar el plazo se requiere añadir un artículo transitorio a la Ley de Austeridad mencionada, ordenamiento donde se establecen los mencionados plazos.
La iniciativa de Morena plantea como límite el 30 de noviembre para contratar las obras, y hasta el 31 de diciembre para entregarlas.
Al Congreso le queda poco más de una semana para aprobar dicho artículo transitorio, pues de no hacerlo a más tardar el 31 de octubre, los recursos del Presupuesto Participativo regresarían a las arcas del Gobierno de la CDM.
¿Los usaría Claudia Sheinbaum para su virtual campaña presidencial? Es pregunta.
