Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
¿Alguien se imagina que cuando fueron los todopoderosos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la diputada Alejandra Barrales o el diputado Martí Batres se la hubieran pasado en denuncias penales y acusaciones contra sus adversarias y adversarios por supuestas “amenazas, intimidación, violencia política de género”, en vez de debatir en el Pleno Cameral?
Pues en la actual Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México (heredero de la ALDF), la mujer más poderosa por ser la coordinadora de la mayoría de Morena, Martha Ávila, así actúa contra la oposición, en específico contra los panistas, a quienes más allá de enfrentar en un debate parlamentario en la tribuna, prefiere hacerlo en redes sociales, en la FGJCDMX o en tribunales.
Uno de los casos más sonados es del diputado Ricardo Rubio, del PAN, a quien en 2021 Martha Ávila acusó de “amenazas” y “violencia política de género”. Presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que encabeza su jefa política, Ernestina Godoy –Ávila fue su diputada suplente–. A diferencia de otros casos como tentativas de feminicidios que pasan 3 años sin que haya el menor avance en la investigación, como lo hemos documentado, en este de Rubio sí judicializaron la carpeta de investigación.
Hace unas semanas tuvo lugar la audiencia con el juez de control para que determinara si se abría o no un proceso penal en contra de Ricardo Rubio. Por el carácter político relevante del tema, Ernestina Godoy dio la instrucción de que a esa audiencia acudiera la Fiscal General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, acaso como una especie de presión al juzgador que, sin embargo, no se amedrentó y determinó que no hay delito por perseguir.
El año pasado, ya de plano Martha Ávila se fue contra casi toda la bancada panista, a la que le atribuyó ser la maquinadora de la pinta de bardas de apoyo a Claudia Sheinbaum para luego señalarla de campaña anticipada. Por eso Ávila presentó ante el INE una queja por “propaganda política calumniosa y violencia política en razón de género”. Incluyó a tres diputadas y ocho diputados panistas. Las autoridades desestimaron su acusación.
La semana pasada, en el contexto de que el PAN acusó en tribuna a la diputada Martha Ávila por “actos anticipados de campaña” en Iztapalapa, donde quiere ser alcaldesa, mientras la diputada Daniela Álvarez hablaba en tribuna, con un móvil grababan en video la cara de la diputada de Morena, y los legisladores de este partido respondieron igual. Se hizo un caos en el Pleno y Martha Ávila acusó que la estaban grabando porque a la mejor querían “extorsionarla” con el video.
La coordinadora de Morena también acusó hace unos días de violencia política de género a la vicecoordinadora panista, Luisa Gutiérrez, porque la llamó “corcholatita”, término acuñado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a quienes aspiran a la presidencia y de ahí se ha popularizado en el contexto de la «cuatrote» para otros cargos de elección popular, como Martha Ávila a la Alcaldía Iztapalapa. Hasta Claudia Sheinbaum acepta el término “corcholata” en un sentido positivo.
Ayer, de pilón, Martha Ávila acusó de amenazas a la diputada panista Gaby Salido, aunque si uno mira su intervención en tribuna no queda clara cuál fue la frase que pretende interpretar como tal. Así, la diputada Martha Ávila decidió usar el talento no para debates de altura en la tribuna, sino para amedrentar con la FGJCDMX, donde su jefa política manda.
