CIUDAD DE MÉXICO 03 DE MARZO (CDMX MAGACIN). – La diputada Brenda Ruiz compareció ante el Congreso de la Ciudad de México para presentar un punto de acuerdo que busca analizar la pertinencia de los Certificados de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRAs), una figura que surgió en plena pandemia para apoyar a los pequeños negocios de barrio, pero que hoy enfrenta cuestionamientos por su uso inadecuado.
En su intervención, la legisladora de Morena recordó que los CUSRAs nacieron el 27 de julio de 2021, en el momento más difícil de la emergencia sanitaria, cuando miles de tlapalerías, papelerías, farmacias y carnicerías de las colonias corrían el riesgo de cerrar. El certificado se diseñó como un trámite sencillo y de bajo costo para que estos negocios de hasta 200 metros cuadrados pudieran seguir operando y sostener la economía de los barrios.
«Se trató de un mecanismo excepcional creado de buena fe para sostener la economía barrial y evitar el cierre masivo de establecimientos», explicó la diputada, destacando que en 2020 la Ciudad de México registró una disminución del 31.03% de personas ocupadas, según datos del INEGI citados en el decreto original.
Sin embargo, la realidad de hoy es distinta. La legisladora señaló que algunos establecimientos, particularmente restaurantes, bares y antros, han aprovechado este mecanismo para operar sin los permisos adecuados, muchas veces en zonas de vivienda donde generan problemas a las vecinas y vecinos: exceso de ruido a altas horas de la noche y uso inadecuado de las banquetas.
«La Ciudad de México es una capital dinámica y celebramos que cuenta con un sector de servicios diverso, pero para que el derecho a la ciudad sea plenamente garantizado, es necesario que todo establecimiento mercantil cumpla con la normativa», afirmó.
La diputada Ruiz subrayó que el contexto ha cambiado. La emergencia sanitaria quedó atrás y la ciudad ha avanzado en su recuperación económica. En 2025, la Ciudad de México fue el principal destino de Inversión Extranjera Directa del país al recibir 22,381 millones de dólares, y las finanzas públicas registraron la mayor captación de ingresos en su historia con 334 mil 327.6 millones de pesos.
«Las normas que nacen en contextos extraordinarios deben evaluarse cuando las circunstancias cambian. Lo que fue útil en una crisis puede requerir ajustes cuando esa crisis ha sido superada», planteó la legisladora.
El punto de acuerdo presentado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana para que analice si el artículo 15 Bis, que creó los CUSRAs, sigue cumpliendo su propósito original o si está generando efectos no previstos en el equilibrio territorial de la ciudad.
«El derecho a la ciudad implica garantizar condiciones de habitabilidad, acceso equitativo al espacio público y planeación ordenada. También implica reconocer la importancia de la actividad económica de micro y pequeños negocios. Equilibrar ambos principios es necesario en una Ciudad de derechos», concluyó la diputada Brenda Ruiz.
La propuesta busca que la autoridad evalúe si esta figura excepcional sigue siendo necesaria en el contexto actual y si ha habido un abuso en su uso que afecte el derecho de las vecinas y vecinos a vivir en colonias ordenadas, seguras y habitables. Una ciudad próspera, afirmó la legisladora, es aquella que combina dinamismo económico con justicia territorial, poniendo en el centro el bienestar de todas las personas.
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