En una carta dirigida al presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Monreal destaca la importancia de evitar un colapso constitucional en el funcionamiento del órgano judicial electoral especializado, que tiene pendientes una gran cantidad de trámites en estudio, derivados del proceso electoral, los cuales deben recibir una resolución conforme a derecho. Foto: Especial.
Ciudad de México 8 agosto 2021 (REDACCIÓN/ CDMX MAGACÍN).- Tras los últimos acontecimientos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que admita la controversia, que interpuso el magistrado recién depuesto, José Luis Vargas Valdez y emita una resolución que otorgue certeza al funcionamiento de ese organismo.
En una carta dirigida al presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Monreal destaca la importancia de evitar un colapso constitucional en el funcionamiento del órgano judicial electoral especializado, que tiene pendientes una gran cantidad de trámites en estudio, derivados del proceso electoral, los cuales deben recibir una resolución conforme a derecho.
“Ante la potencial crisis institucional en el Tribunal Electoral se debe anteponer su atención en la agenda nacional, porque mañana podría enfrentar la misma situación la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier otro órgano constitucional autónomo”, advirtió.
Asentó que las causas y razones importan, pero los procedimientos constitucionales deben ser la vía para la solución de cualquier diferencia, porque un Estado con tribunales democráticos requiere jueces demócratas y, ante todo, ello implica observar el Estado de Derecho.
Fueron cinco los magistrados quienes estimaron que su presidente, José Luis Vargas Valdez, debía ser removido del cargo al margen del periodo por el que había sido electo, entre otros argumentos, porque había incumplido con diversas obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias:
Entre ellas, la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, diferimiento de las sanciones sin razón justificada, falta de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, negativa a someter a discusión el tema de la remoción del Secretario General de Acuerdos y de la Subsecretaria General de Acuerdos, presunta violación forzosa del polígrafo y despido injustificado del personal administrativo.
En aquel mismo acto se designó como titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
En este contexto, Vargas Valdez determinó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia, con base en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ricardo Monreal reiteró que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado de la República debe responder al llamado de reestructuración u observancia de orden constitucional en el Tribunal Electoral.
Ello, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, de nombrar a las y los magistrados del TEPJF, de valorar cualquier renuncia o separación, evitar la desaparición de un poder público derivada de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.
Lo ocurrido en el máximo órgano electoral, agregó, pretende dejar sin efectos el mandato constitucional de que el Presidente del Tribunal ejercerá el cargo por cuatro años, lo que de entrada no debe de ser justificado, sino por el contrario, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país.
Monreal Ávila también recordó, al presidente de la Suprema Corte, que “ni la Constitución, ni la Ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente. El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”.
Que la Constitución tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo y que la sesión en la que se realiza el nombramiento del nuevo presidente tampoco es válida porque se convocó de manera irregular: la supuesta ausencia del presidente.
Además, tampoco se convocó con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral.
De esta manera, asentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política que solo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la nación como del Senado de la República.
“Habremos de coincidir que un Estado constitucional, democrático y de Derecho, requiere ante todo que sus instituciones y quienes las integran actúen con apego a la Carta Magna y a la Ley”, enfatizó el legislador en la misiva.
