Arturo Zárate Vite
Nadie con sentido común y autocrítico podría estar en desacuerdo con el propósito de mejorar la impartición de justicia en México, extirpar defectos, eliminar prácticas viciadas y excesos.
Hay insatisfacción de la sociedad, es evidente. En las recientes protestas contra la pretensión de extinguir controvertidos fideicomisos del poder judicial, se mantuvo al margen. No salió a la calle en solidaridad con juzgadores y empleados.
No se sumó a la protesta como lo hizo en el caso del INE, cuando se planteó nueva reforma electoral que cambiaría o ajustaría reglas para el proceso electoral 2023-2024.
Si hay fallas en el poder judicial, pecaría de soberbia quien se opusiera a corregirlas. La apuesta debe ser por un sistema de justicia que efectivamente sea justo, imparcial e independiente.
De acuerdo con estudio de percepción de la organización México Evalúa, “Hallazgos 2022”, la gente ve corrupción en el 67.3 % de las personas juzgadoras, seguidas por la policía preventiva 66.8 % y policía estatal 64.6%, Ministerio Público y fiscalías locales 64.7 %.
Ricardo Monreal (senador) e Ignacio Mier (diputado) están inconformes con lo que llaman privilegios de la Corte en materia de ingresos y prestaciones. También son partidarios de revisar el procedimiento para elegir juzgadores.
La ministra Lenia Batres pasó de inmediato a los hechos para que su sueldo quede por abajo del que recibe el presidente e hizo gestiones para que los servicios de salud los reciba del ISSSTE.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha dicho en la ceremonia de toma de protesta de magistrados que el poder judicial no está para dar gusto al poder en turno.
A esta diversidad de opiniones se suman los foros que promueve el ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien fuera presidente de la Suprema Corte. Caminan hacia una reforma integral del poder judicial. Lo que más se repite en los eventos es el lamento de víctimas, el clamor de justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará paquete de iniciativas el próximo cinco de febrero, entre ellas la que tiene que ver con la reforma judicial.
Hay tres puntos que se podría dar por hecho van a ser incluidos. El mismo presidente los ha venido citando en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. El ministro en retiro Arturo Zaldívar ha reforzado la versión, aunque con matices.
1. Nueva forma para elegir a juzgadores.
2. Precisar y reforzar la letra constitucional en el sentido de que nadie en el poder judicial gane más que el presidente.
3. Romper el cordón umbilical entre la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, presidida por la misma persona, porque por las atribuciones que le otorga la ley, la convierte en juez y parte al vigilar desde el CJF la actuación de juzgadores.
La idea es llevar a cabo una reforma judicial que no olvide que las resoluciones, si son equivocadas, afectan vidas humanas.
Si bien puede verse como necesaria, sería imposible aprobarla en la actual legislatura porque el partido en el poder ni con sus aliados alcanza mayoría calificada.
Buscaría conseguirla en las elecciones de junio próximo. Necesita ganar por amplio margen los espacios del Congreso para poder modificar la Constitución como pretende.
Depende del voto del pueblo.
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