CIUDAD DE MÉXICO 26 DE FEBRERO (CDMX MAGACIN). –El diputado del Partido Verde, Jesús Sesma dijo que actualmente existen trabajadores contratados bajo el esquema de honorarios que, aunque cumplen horarios, realizan actividades permanentes, reciben instrucciones directas y desempeñan funciones indispensables dentro de áreas específicas, no cuentan con prestaciones laborales completas ni estabilidad, a diferencia del personal de estructura.
“Garantizar condiciones dignas para quienes trabajan en este Congreso no es un favor ni una concesión política, es una obligación de justicia y congruencia”, afirmó Sesma Suarez.
Sesma explicó que estos contratos se renuevan cada tres o seis meses, lo que genera incertidumbre constante. Esta situación impide planear el futuro y limita el acceso a derechos básicos como seguridad social, vacaciones, servicios de salud o ahorro para el retiro.
“Trabajan igual, cumplen igual y responden igual, pero no tienen los mismos derechos”, sostuvo.
Como ejemplo, señaló que, si un diputado o personal de estructura enfrenta una emergencia médica, cuenta con ISSSTE y puede acceder a incapacidad; mientras que las personas contratadas por honorarios deben cubrir por su cuenta los gastos médicos y no tienen derecho a días de incapacidad.
Recordó que en otros parlamentos esta situación es distinta. En el Congreso de los Estados Unidos, el personal legislativo realiza alrededor del 95 por ciento del trabajo esencial de redacción y negociación de las leyes y cuenta con reconocimiento laboral. Lo mismo ocurre en España, Francia y en el Parlamento Europeo, donde las y los asesores son trabajadores directamente del Poder Legislativo.
En México, destacó que tanto el Congreso del Estado de México como la Cámara de Diputados contemplan esquemas formales de contratación con prestaciones de ley.
Sesma reconoció que durante años se intentó justificar este modelo bajo el argumento de que algunas personas “prefieren trabajos temporales”; sin embargo, afirmó que en realidad se ha normalizado un esquema que deja a trabajadoras y trabajadores en una situación permanente de vulnerabilidad.
La iniciativa propone que los grupos y asociaciones parlamentarias puedan contratar asesoría especializada y personal de confianza conforme a sus criterios internos, pero que quede prohibido hacerlo bajo la modalidad de honorarios.
“No podemos exigir justicia hacia afuera si dentro de esta institución hay personas trabajando sin estabilidad y sin derechos completos” concluyó.
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